25 de febrero de 2010 | Noticias | Derechos humanos
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La actividad sindical y la defensa de los recursos naturales son actos de valentía en Guatemala, donde la violencia y la impunidad han firmado un pacto mortal. Desde enero de 2007 hasta la actualidad 43 sindicalistas y dirigentes campesinos han sido asesinados por elementos paramilitares vinculados a las empresas y el Estado.
Los datos fueron divulgados por el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG), una coalición de grupos de base que presentó a principios de febrero el informe “Guatemala: El costo de la libertad sindical”. Se trata justamente de la organización de alcance nacional que tiene más víctimas mortales en estos años.
El informe concluye que la situación en materia de derechos humanos en Guatemala se agravó con el presidente Álvaro Colom, que llegó al gobierno en enero de 2008 y que se define a sí mismo como socialdemócrata. Solamente ese año, por ejemplo, hubo 16 homicidios a dirigentes mientras que en 2006 sólo se había registrado un caso con esas características.
En lo que va de 2010 se han reportado tres casos de homicidios, el último de ellos la semana pasada, cuando fue asesinado en el departamento de San Marcos, Octavio Roblero, del Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales de Malacatán (FRENA).
El informe del MSICG agrega que todos los asesinatos se ejecutaron con armas de fuego, y que el 98 por ciento de los casos se produjeron poco después de algún conflicto por reclamos laborales o en defensa de los recursos, y en la mayoría de los casos hubo intimidaciones previas.
“Existen indicios razonables y en algunos casos elementos de convicción de que al menos en un 23 por ciento de los asesinatos hubo participación de las fuerzas de seguridad del Estado, vinculadas directamente a órdenes del organismo ejecutivo o de las Municipalidades”, denuncian en el informe.
Al momento de concluir la investigación, el MSICG no tenía datos de algún caso en el que se haya “individualizado, juzgado o sentenciado” a los autores de los delitos, y por eso desde la organización se entabló un contacto con el Ministerio Público para conocer en qué etapa están las pericias. La respuesta que recibieron los sindicalistas, según puede leerse en el informe, es desconcertante: el Ministerio Público explicó que no lleva ningún registro de los casos de delitos cometidos contra sindicalistas.
Foto: www.revista-amauta.org
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