Las agrupaciones sociales, entre las que se destacan varias integrantes de la Vía Campesina Guatemala, alertan que tomarán medidas de lucha y realizarán acciones legales si el presidente nacional, Álvaro Colom, no cumple con lo dictaminado por la OIT.

Puntualmente, el organismo internacional señaló en febrero que deben suspenderse inmediatamente las operaciones mineras de Cementos Progreso en San Juan Sacatepéquez, en el departamento de Guatemala, y la explotación de la Mina Marlin de Montana Exploradora de Guatemala, en los muncipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán del departamento de San Marcos.

La Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT señaló que Cementos Progreso debe evaluar los impactos sociales, espirituales, culturales y medioambientales de las actividades previstas junto a los pueblos locales interesados, a los cuales debe adelantar además de qué forma la operativa de la empresa puede afectarlos.

Por su parte, con respecto a Montana Exploradora de Guatemala, la Comisión expresa su preocupación porque el gobierno “reitera la información presentada con anterioridad”, lo que trae aparejado “falta de progresos”, según información de la Red de Colaboradores de TeleSUR-Guatemala. Los expertos demandan nuevos estudios, un proceso de consulta previa con las comunidades locales e información detallada.

En los dos casos la Comisión se basa en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Las organizaciones campesinas, indígenas y ambientalistas señalan que desde hace 13 años el Estado de Guatemala incumple con diversas pautas de ese convenio y han estado pidiendo al organismo internacional que evalúe ese comportamiento desde 2004.

El representante del Comité de Unidad Campesina, Daniel Pascual, indicó que en caso de no existir respuesta de parte del gobierno a lo solicitado por la OIT, se convocará a las organizaciones indígenas campesinas, mayas, garífunas y xinkas para organizar y realizar las acciones que sean necesarias.

Podrían implementarse inclusive medidas jurídicas contra el gobierno de Colom por incumplimiento de una resolución vinculante de un organismo internacional, en tanto el Estado guatemalteco ha asumido el Convenio 169 como parte de su ordenamiento jurídico. Pascual dijo que el Estado y el gobierno no abordan la problemática minera que enfrentan las comunidades con la seriedad necesaria, citado por el boletín informativo de la Vía Campesina Guatemala y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Por el contrario, se criminaliza las luchas imponiendo estados de prevención que coartan la libertad de manifestación y protesta, dijo.

Se han llevado adelante alrededor de 40 consultas comunitarias en diversas regiones de Guatemala en las que las poblaciones locales han rechazado rotundamente la exploración y explotación minera. Por lo tanto, “el camino está bien marcado”, terminó diciendo Pascual.

Foto: Bert K