Hablan de los riesgos ambientales y de irregularidades en el proceso de adjudicación. Integrantes de la Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería (CORECAMI) denunciaron estas situaciones hace algunos días en el foro "En defensa contra agresión minera", desarrollado en Islay.

Según informó la Coordinadora Nacional de Radios (CNR) los líderes comunitarios acordaron allí que el año próximo será clave para frenar el proyecto minero, y no descartaron la posibilidad de endurecer las medidas de fuerza tomadas hasta el momento.

Una de las ilegalidades denunciadas por las organizaciones locales es que el acta que se firmó para autorizarle a Southern Perú el uso de terreno fue firmada por solamente 33 comuneros de la zona, a pesar de que la normativa vigente exige la rúbrica de por lo menos dos tercios de la población involucrada.

Los opositores al proyecto señalan además que el gobierno peruano no ha cumplido con los compromisos asumidos ante la población de Islay, entre ellos la aprobación de una norma que establezca “la intangibilidad de aguas subterráneas y superficiales”, según informa el sitio de Internet de la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI).

Esta organización, una referencia continental en la lucha contra los proyectos mineros, viene denunciando además un creciente proceso de criminalización de la protesta por parte del gobierno de Alan García.

Ponen como ejemplo la reciente decisión de la fiscalía de Huancabamba, que pidió trece años de prisión contra el dirigente Mario Tabra Guerrero, opositor al proyecto minero Río Blanco.

Foto: Coordinadora Nacional de Radios