Por un lado, atienden con rapidez las demandas de las empresas extractivas que se han instalado en territorio guatemalteco, mientras que al mismo tiempo desconocen la validez legal de los pronunciamientos de las comunidades locales que se oponen a la minería.

Uno de los integrantes de la misión, Eduardo Bidaurratzaga, del Instituto Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (Hegoa) del País Vasco, recorrió la zona occidental de Guatemala, donde se han realizado la mayoría de las consultas comunitarias.

En diálogo con Radio Mundo Real, el miembro de Hegoa manifestó su preocupación por el desamparo jurídico que viven los pueblos indígenas y campesinos que se han manifestado a través del voto contra la minería.

Los altos niveles de movilización y el ejercicio legítimo de la democracia participativa son sistemáticamente “ignorados” por las instituciones públicas del país, según relató Bidaurratzaga.

Esta parcialidad de los organismos públicos, que porfiadamente actúan en beneficio del capital extranjero, están provocando que las comunidades locales pierdan su confianza en la institucionalidad vigente, comentó el integrante de la Misión de Verificación.

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