A todas esas arbitrariedades, que fueron constatadas por la Misión Internacional de Verificación Sobre los Efectos de la Minería, habría que sumarle una práctica sistemática de saqueo de los recursos acuíferos por parte de las industrias extractivas, con cifras que asustan.

La minera de origen canadiense Goldcorp –responsable de la subsidiaria Montana, la mayor empresa instalada en el país- utiliza, además de cianuro, unos 250 mil litros de agua por hora, mientras que una familia guatemalteca promedio no consume más de 60 litros de agua diarios.

Se estima que una situación similar se vivirá en la comunidad de San Juan Sacatepéquez, en el departamento central de Guatemala, donde está previsto que se instale la empresa cementera Holcim-Cementos Progreso. La compañía de capitales suizos pretende instalar allí una planta que estaría funcionando a partir de 2012, y que tendría un costo aproximado a los 600 millones de dólares.

Estos comentarios fueron vertidos en entrevista con Radio Mundo Real por Karin Nansen, de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, una de las participantes de la misión que recorrió Guatemala entre el 20 y el 25 de septiembre.

“Mucha gente en el mundo no se imagina la dimensión de las violaciones a los derechos humanos asociada a las mineras, porque se escucha sólo la campana de las empresas, que es publicidad engañosa, y se desconoce los crímenes aberrantes que se cometen en los territorios de las comunidades”, sintetizó Nansen.

Además, Nansen se refirió a la necesidad de que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas –puntualmente con el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT-; lograr el carácter vinculante de las consultas comunitarias en las que se ha manifestado el rechazo a la minería; denunciar a las empresas que impulsan políticas de división entre las comunidades y frenar la criminalización de los movimientos opositores a estos emprendimientos.

En Colotenango, por ejemplo, en los últimos cinco años se registraron seis asesinatos de líderes comunitarios opositores a la minería, y solamente en uno de los casos se hallaron los responsables, relató la activista uruguaya. Estos homicidios rápidamente se archivan como crímenes comunes, lo que demuestra la parcialidad de la justicia, que actúa con mayor eficacia cuando se trata de investigar las denuncias de las empresas.

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