Si bien los grandes proyectos extractivos mineros en Guatemala son los principales responsables del desplazamiento y desalojo de comunidades campesinas e indígenas, resulta sintomático que algunos proyectos conservacionistas, “reservas” o “áreas protegidas” sean funcionales a ese objetivo de vaciamiento.

Así lo expresaron en la rueda de prensa pública al cabo de la labor en los territorios los misioneros Luis Guribe, Director del Instituto Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (Hegoa) del País Vasco y Karin Nansen de Amigos de la Tierra Internacional.

El trabajo internacional, denominado “Misión Internacional de Verificación de Violación de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas” conformó un grupo integrado por Amigos de la Tierra, Amnistía Internacional, el Centro Salvadoreño para la Tecnología Apropiada (CESTA - Amigos de la Tierra El Salvador), la Coordinadora de Comunidades Ecologistas la Ceiba de Costa Rica (COECOCEIBA - Amigos de la Tierra Costa Rica)y el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional del País Vasco (Hegoa).

Entre el 20 y el 25 de septiembre la Misión entrevistó a cientos de personas en comunidades de Colotenango, El Estor, Sipacapa, San Miguel Ixtahuacán, Livingston y San Juan Sacatepequez. La invitación surgió de la Mesa de Pueblos Indígenas y Campesinos.

Estado parcial

Otra de las conclusiones de la Misión fue el carácter marcadamente parcial de las acciones estatales a favor de las empresas mineras y en contra de las comunidades. Si tras los abusos cometidos, las víctimas y familiares denuncian los hechos ante las diferentes autoridades –concluye la Misión- se encuentran con la parcialidad manifiesta del Estado que actúa con rapidez y diligencia tramitando denuncias de empresas extractivas y ejecutando con prontitud las órdenes de busca y captura hacia los miembros de la comunidad.

Sin embargo, las denuncias de muertes, violaciones de mujeres, amenazas, intimidaciones de las comunidades empobrecidas caen en el olvido más absoluto cuando no en la hostilidad, concluye la Misión.

Varios son los derechos lesionados de las comunidades: el de acceso al agua –los cauces de los ríos son sistemáticamente contaminados por los efluentes mineros o bien declarados propiedad privada-, de acceso a la salud y a los territorios ancestrales. Pero la impunidad reinante también hace posible, según se reflejó en la rueda de prensa, aberraciones como el abuso sexual y las violaciones como instrumento intimidatorio y de terror que aceleren el desplazamiento.

Recomendaciones

La Misión, que elaborará un informe y presentará casos concretos ante instancias estatales de amparo como la Defensoría del Pueblo, estableció una serie de recomendaciones a hacer llegar a las autoridades estatales guatemaltecas.

Entre ellas se solicita la suspensión de los desalojos en los casos de disputa sobre derechos laborales o propiedad de la tierra y el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en cuanto a la participación de los pueblos indígenas en todas las fases de la toma de decisiones, planificación, implementación y evaluación de cualquier actividad que afecte a sus derechos e intereses.

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