Para las organizaciones que acompañan a los campesinos Rubén Villalba, Felipe Martínez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fani Olmedo, Dolores López, Alcides Ramírez y Juan Tillería, el juicio no cuenta con sustento ético ni garantías legales; y los acusados deberían ser exculpados de sus cargos, así como resuelto el conflicto de tierras que aún permanece sin resolución en la zona del choque donde en 2012 murieran trece campesinos y seis policías.

Así lo relató, al conocerse una nueva postergación del caso, Cristina Coronel, integrante de la Articulación Curuguaty, entidad que ha venido realizando informes sobre lo acontecido en Marina Cué, así como solidaridad con los acusados y acusadas con el último que permanece en prisión: Rubén Villalba.

La semana pasada, asimismo, los campesinos y campesinas que vienen siendo juzgados sorprendieron al decidir renunciar a sus abogados defensores. Según explicó Coronel en la entrevista con Radio Mundo Real, se trató de una decisión estratégica, dado que a los abogados que venían encargándose de la defensa, Guillermo Ferreiro y Vicente Morales se les inició un sumario administrativo frente a la máxima instancia judicial paraguaya, lo cual valoraron podría entorpecer su accionar en este caso.

Los campesinos son ahora representados por el defensor público Víctor Azuaga. Ante la recusación del Tribunal –compuesto por tres magistrados- el caso se posterga nuevamente y pasa a un tribunal de apelaciones, el del Salto del Guairá, quien deberá definir si el presidente del Tribunal tiene condiciones de continuar en el caso.

Escepticismo y temas pendientes

Desde la Articulación Curuguaty se reitera que el juicio está cargado de nulidad y que no existen las garantías para un trámite justo, dado que la portada del caso sigue siendo el de una “emboscada propiciada por campesinos”, relata Coronel.

“Nos mostramos bastante escépticos por las garantías que puedan tener los campesinos acusados por este caso, como lo hemos demostrado en varias oportunidades”, dijo a Radio Mundo Real y agregó que el cambio de defensa es una decisión de los campesinos que cuenta con el respaldo de las organizaciones acompañantes.

“Libertad para los campesinos, recuperación de la tierra, indemnización y reparación a las víctimas”, son los reclamos de las organizaciones que apoyan a los acusados, quienes además reclaman la nulidad inmediata del juicio.

Asimismo, preocupa la situación en que han quedado los familiares de los acusados y demás pobladores del asentamiento de Marina Cué, sobre tierras malhabidas reclamadas por un empresario terrateniente local.

Coronel nos dice que la solución de esta situación que lleva a que muchas familias no cuenten con un palmo de campo para sus cultivos de autosustento, implica la recuperación de dichas tierras sin aguardar al cierre del caso, dado que se encuentra por demás demostrado que dichos campos son propiedad estatal y no de privados que la reclaman.

Tierras con historia

En momentos en que se conocía la recusación del Tribunal por parte de la defensa, la Radio Ñanduty informaba que el Instituto Paraguayo de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) realojará a 95 familias radicadas en el asentamiento, brindándole tierras a unos 100 kilómetros del lugar.

La medida no afecta sin embargo a las cerca de 50 familias, en su mayoría familiares de víctimas de la masacre de Curuguaty, que el pasado 27 de junio se instalaron en las tierras escenario de la matanza para exigir que se defina su titularidad, dijo la misma fuente citando a Mariano Castro, campesino ocupante de las tierras.

“Las familias que van a ser reubicadas no están en Marina Cué, sino frente a estos terrenos, junto a la ruta 10. Nosotros no pedimos la reubicación, pedimos que se reconozca que las tierras de Marina Cué son del Estado y que se nos concedan a los campesinos sin tierra para que podamos trabajar”, aseguró Castro.

Agregó que los campesinos ya están trabajando la tierra para asegurarse su sustento, y que por el momento se encuentran “muy bien y dispuestos a seguir en el lugar”. “No vamos a dejar Marina Cué porque es el lugar donde mataron a nuestros familiares y amigos, y queremos justicia”, enfatizó.

Castro es el padre de Adolfo Castro, uno de los once campesinos fallecidos durante la masacre de 2012. Dos de sus hijos, además, Néstor y Adalberto, son imputados en el juicio.