No es el caso de Uruguay, donde además de una fuerte incidencia en el mercado alimenticio de cadenas industriales que emplean estos ingredientes en sus productos, el propio territorio y su biodiversidad han sufrido el impacto de estos monocultivos de origen transgénico (soja y maíz, básicamente).

Sin embargo, como resultado de una labor interdisciplinaria de difusión e incidencia donde participaron desde organizaciones de eco-gastronómicas, técnicos en nutrición y ambientalistas, entre otras, el gobierno departamental de la capital, Montevideo, aprobó en diciembre de 2013 una resolución que obligará al etiquetado.

Para dichas organizaciones, la obligación de informar al consumidor montevideano a través del etiquetado es además de un derecho, un “primer paso” que podrá tener como continuidad la declaración de “territorios libres de transgénicos” y, lo que constituye su objetivo ulterior, la prohibición de estos componentes, a escala nacional, también en el alimento animal y en las semillas de cultivo. En efecto, hoy los agricultores uruguayos no tienen forma de cultivar maíces de variedades criollas ya que el maíz transgénico ha copado el mercado y no siempre se informa de sus características.

Conocer, el primer eslabón

El texto aprobado, que se incluye dentro de las normativas bromatológicas que rigen en Montevideo –ciudad donde se concentra más del 50 por ciento de la población uruguaya- indica que “los alimentos que han sido manipulados genéticamente o que contienen uno o más ingredientes provenientes de éstos que superen el 1% del total de componentes, deberán ser etiquetados especialmente”. Y no incluye a los alimentos no empaquetados que se comercializan en restaurantes ni se aplica a levaduras u otras enzimas que puedan haber sido genéticamente modificadas.

La reglamentación de esta resolución podría insumir hasta seis meses, dijo a Radio Mundo Real la chef e integrante de Slow Food Uruguay, Laura Rosano, cuya organización convocara en los últimos años a tres seminarios sobre la necesidad del etiquetado y participara en la redacción del proyecto. La motivación estuvo dada en 2010, cuando un estudio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República arrojó como resultado que todas las marcas comerciales de harina de maíz para la elaboración de “polentas” contenían transgénicos.

Los seminarios, la experiencia regional, la aprobación de eventos transgénicos de “nueva generación” como es el caso de la “Soja Intacta” de Monsanto, así como las evidencias de creciente contaminación transgénica de maíces en diversos territorios del país, incluso aquellos que eran cultivados con la distancia de retiro reglamentaria, motivaron a este equipo multidisciplinario a redactar un proyecto de etiquetado como forma de comenzar a visibilizar la problemática y actuar en consecuencia.

El proyecto fue presentado a nivel parlamentario para su aprobación a escala nacional. Sin embargo, en una primera instancia, su aprobación se limitó a alimentos de consumo humano y sólo fue adoptado –con modificaciones- por parte del gobierno montevideano.

Rosano indica que en este año se insistirá en la necesidad de una legislación más abarcativa que incluya semillas, raciones animales y establecimiento de zonas libres de OGM.

Obligación de proteger

La chef indica que la obligación del etiquetado es importante por sus consecuencias ulteriores, más allá de la elección de la comida: “al exigir, por ejemplo, una polenta (harina de maíz cocida) libre de transgénicos, estamos dando pie a que los productores planten otro tipo de maíz y que haya zonas de protección de ese maíz, que sabemos se contamina con el transgénico”.

“Si seguimos consumiendo sin saber que se trata de transgénicos, no vamos a exigir otro tipo de productos”, indicó.

Actualmente más de 60 países, incluyendo los de la Unión Europea, Corea del Sur, Japón, Australia, India, China y Brasil tienen leyes o reglamentos que obligan a la difusión de los alimentos genéticamente modificados en los rótulos de los alimentos.

Hasta el momento, el etiquetado estaba previsto en la reglamentación de bioseguridad vigente en Uruguay, aunque con carácter voluntario por parte de la industria. Obviamente, ninguna empresa optó por rotular a sus alimentos con componentes transgénicos.

Ver decreto en Slow Food Uruguay.