Se trata de familias que conforman la Asociación de Cacaoteros de Buenos Aires, desalojadas a pesar de que el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) señaló la condición de irregularidad que implicaría realizar una diligencia de esta naturaleza.

Esta acción va en contra de los derechos fundamentales de las 123 familias desalojadas y claramente beneficia a las empresas APORTES SAN ISIDRO S.A. y C.I. TEQUENDAMA, miembros de FEDEPALMA (Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite).

Organizaciones colombianas e internacionales la semana pasada presentaron este caso en el marco de una misión internacional sobre el impacto de monocultivos para agrocombustibles. Censat - Agua Viva, el Proceso de Comunidades Negras y el Grupo Semillas plantearon en una misiva al Presidente Álvaro Uribe las consecuencias internacionales del desalojo: “el Estado colombiano, que es estado parte del PIDESC y del Protocolo de San Salvador incurriría en una clara violación de sus obligaciones internacionales de derechos humanos y especialmente del derecho a la alimentación, específicamente de su obligación de respetar, según la cual el Estado debe abstenerse de interferir en la realización efectiva de los derechos de las personas”, señalan las organizaciones en su carta.

Ofrecemos a continuación un reportaje a la abogada actuante en el caso, Elizabeth Ruiz, realizada por los colegas de Contagio Radio de Bogotá.