Según dijo a Radio Ñanduti de Paraguay el abogado Vicente Morales, que defiende a varios de los detenidos, Tillería y Urbina “dicen que sólo están esperando morir”. "Ya no creen en nadie y ni siquiera quieren saber nada de la justicia ni de los abogados", agregó.

A comienzos de septiembre Radio Mundo Real visitó la cárcel de Coronel Oviedo, como parte de una misión internacional de solidaridad y derechos humanos, y dialogó con todos los detenidos en la masacre de Curuguaty del 15 de junio. A continuación presentamos un fragmento de la entrevista realizada a Urbina, con la traducción guaraní-español de los dirigentes Luis Ruiz, de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) de Paraguay, Magui Balbuena, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras, Rurales e Indígena (CONAMURI) de ese país, y hasta un agregado del propio Tillería.

Urbina es un dirigente político, que asegura que no estaba el 15 de junio en el predio de Marina Cué, departamento de Canindeyú, sino en una reunión en la ciudad de Curuguaty, a unos 35 kilómetros. Según su relato, pasó ya avanzada la mañana del 15 de junio por la Ruta 10 Las Residentas, donde estaba la policía porque desde allí se puede entrar a Marina Cué, y vio al joven Arnaldo Quintana pidiendo auxilio con una grave herida de bala en el estómago. Quiso socorrerlo y la policía se le vino por arriba.

Urbina contó a Radio Mundo Real que lo torturaron y amenazaron de muerte lejos de la zona donde estaba el campamento sin tierra. Estuvo internado tres días en un hospital de Curuguaty, donde siguió recibiendo amenazas de policías. El campesino, su abogado y vecinos dicen que no estaba en Marina Cué y reclaman su libertad. Pero los daños en sus ojos certificados por un médico a raíz de los gases lacrimógenos lo condenaron, porque lo ubicarían en el predio de la balacera. Es que me rociaron la cara con gases al detenerme en la ruta para plantarme una evidencia, denunció Urbina en Coronel Oviedo, sentado al lado de Quintana, que logró salvar su vida.

El 15 de junio unos 50 campesinos, entre ellos mujeres y niños, ocupaban el predio Marina Cué, de unas 2000 hectáreas y ubicado a cinco kilómetros de la Ruta 10, que separa los campos de la comunidad de Yvy Pytã. Los campesinos subrayan que el predio en disputa es del Estado, para ser destinado a la reforma agraria, pero está ocupado irregularmente por la empresa agrícola ganadera Campos Morombí, que en el momento de la ocupación pertenecía al ex legislador colorado Blas Riquelme, que murió el 2 de septiembre.

A eso de las 8 de la mañana de ese 15 de junio, un operativo organizado en la madrugada con unos 400 efectivos policiales, que incluyó fuerzas de choque especiales, policía montada, un helicóptero, alrededor de 20 patrulleros y varias ambulancias, avanzó sobre el campo y desató el desastre: 11 campesinos y seis policías murieron, decenas fueron heridos y hubo 12 detenidos.

Luego la Justicia imputó a 54 personas porque aparecieron en una lista elaborada por los campesinos de Marina Cué de compañeros de militancia que querían tierra y que fue encontrada por la policía. Algunos de ellos ni siquiera estaban en el predio ese día. Decenas de los requeridos, sobre los que pesan varios cargos, están prófugos.

Foto: Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras, Rurales e Indígena (CONAMURI).