El hecho generó una reacción de solidaridad de parte de las organizaciones de pueblos originarios en ese país, quienes rubricaron un documento conjunto y se aprestan a realizar un encuentro en esa provincia norteña argentina.

Los integrantes de la comunidad “La Primavera” se encontraban bloqueando desde julio pasado el kilómetro 1341 de la ruta 86, en reclamo de tierras. Las familias exigen que “no suceda más ese tipo de enfrentamientos y que se garantice la integridad física de los miembros de la comunidad”, según declaraciones hechas por el referente de “La Primavera” Félix Díaz.

Díaz y su comunidad han deslindado totalmente la responsabilidad por el fallecimiento del agente policial, argumentando que no había miembros de “La Primavera” armados y que por el contrario los demandantes de tierras sufrieron decenas de heridos, algunos de gravedad.

Sin embargo, lo ocurrido finalizando el mes pasado no es un hecho aislado en Formosa, la provincia más empobrecida de Argentina y que es gobernada desde hace quince años por Gildo Insfrán, que aspira a un nuevo mandato.

Se ha reportado persecución contra estudiantes e indígenas formoseños, pero algo similar ocurre en otros puntos del territorio argentino.

Tras los hechos, delegaciones de parlamentarios y organismos de Derechos Humanos viajaron a Formosa y en algunos casos reclamaron la intervención de esa provincia así como una investigación exhaustiva.

En tanto, líderes de varias regiones del país pidieron a través de un comunicado una audiencia con la presidenta Cristina Fernández, para entablar una agenda con las autoridades ancestrales de los pueblos.

Seguridades

El Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI), miembro de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina) recordó el asesinato, en Tucumán un año atrás de otro campesino originario que reclamaba tierras, así como la constante represión y persecución que sufren las comunidades que resisten en el territorio.

“Los territorios en manos campesinas, indígenas producen alimentos sanos para el mercado interno, trabajo digno, en ellos el monte, el agua y la tierra son cuidados y respetados. Pero cuando esos territorios pasan a manos ’privadas’, el agronegocio o la minería los destruyen, saqueando y contaminando toda nuestra producción, desabasteciendo nuestros mercados, generando desempleo, hambre, todo conduce a la inseguridad”, señaló el MNCI.

“¿Seguridad jurídica de las empresas y de los terratenientes o seguridad social de todos y todas?, ¿alimentos sanos para todos y todas o commodities para exportar?, ¿agricultura campesina indígena o agronegocio? Estas contradicciones se resuelven con justicia social y respeto por los Derechos Humanos, con el fin de la impunidad policial, de la mala política, con el respeto a la Constitución y con la distribución de la tierra”, agrega el pronunciamiento.

El MNCI, que incluye al Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) recuerda que en 2004 fue necesaria la intervención federal de esa provincia ante la sistemática represión a quienes reclamaban tierras, frente a los intereses de particulares terratenientes, especuladores y empresas, que buscaban desalojarlos.

Ese hito histórico, afirman “trajo consigo una matriz diferente de relaciones entre estado y sociedad civil organizada” y sugieren una medida similar en Formosa que “construya otro horizonte posible de justicia y dignidad”.

A todo esto, el Centro de Estudios Sociales y Legales (Cels) y la Defensoría General de la Nación Argentina, presentaron un escrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde le solicitan que inste al Estado Argentino a “proteger a los indígenas y sus dirigentes, suspender todo acto de desalojo y promover la investigación y sanción de los responsables de los ataques”.

“Lo sucedido desde agosto del corriente año y más específicamente entre el 23 y 24 de noviembre de 2010, demuestra la amenaza actual e inminente al derecho a la vida, integridad personal, posesión y propiedad comunitaria de las tierras tradicionales y a la protección judicial de estas personas”, explica el escrito enviado al organismo internacional.