La intención de los demandantes es que la empresa pague lo necesario para filtrar el químico del agua que se utiliza para el consumo humano, algo que les ha costado decenas de millones de dólares a los ciudadanos, mientras que la empresa obtiene cuantiosas ganancias por la comercialización del herbicida.

La atrazina es un componenete de uso común en Estados Unidos, en donde se lo emplea mayoritariamente en cultivos como el maíz, el sorgo y la caña de azúcar.

Sin embargo, su utilización está prohibida en Europa desde el año 2004 debido a sus efectos potenciales en el cuerpo humano, que pueden implicar el modificar la actividad hormonal natural y el funcionamiento de los órganos reproductivos.

Según informó el medio estadounidense Democracy Now, un estudio reciente determinó que la atrazina puede convertir a las ranas macho en hembras, dado que perturba su desarrollo y hace que estos animales generen caracteres tanto masculinos como femeninos.

No obstante, tanto Syngenta como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por su sigla en inglés) afirman que las concentraciones del herbicida que se encuentran en el agua potable no perjudican la salud humana.

Una afirmación que no comparten los demandantes, que cuentan con información obtenida de pruebas en los suministros de agua que señala que existen concentraciones de atrazina que superan hasta tres veces los estándares establecidos por la EPA.

Foto: Greenpeace/Ex-Press/Würtenberg