Los opositores a la actividad minera estaban cortando las vías de acceso a un predio de la empresa cuando unos 600 efectivos policiales llegaron hasta el lugar para reprimir, con trágicas consecuencias, según informó la Coordinadora Nacional de Radios (CNR).

En un comunicado, la autodenominada Comunidad Campesina de Oyón denuncia que han sido víctimas del “maltrato y la indiferencia” de Minas Buenaventura, y relatan que después de casi dos semanas de conflicto la minera informó, la semana pasada, que llegaría hasta el lugar de la empresa para negociar con los afectados.

“Pero el día viernes 15 sólo llegaron dos funcionarios sin mayores indicaciones que la de seguir paseando a los dirigentes”, señalan en el documento público, en el que manifiestan su dolor por los cuatro homicidios de la trágica jornada de ayer.

Entre otras cosas, los pobladores de Oyón reclaman un aporte económico para un proyecto de agua y alcantarillado, y que les devuelvan tierras que fueron “usurpadas” por la minera, según afirman en su plataforma.

Las características de la represión en Oyón parecen una historia repetida para muchos peruanos. Por ejemplo, el conflicto en torno al finalmente cancelado proyecto minero Tía María, dependiente de la empresa Southern Perú y ubicado en la provincia de Islay, dejó un saldo de tres personas muertas, según han informado los medios de comunicación peruanos.

El viernes 15 de abril, la CNR había informado que organizaciones peruanas defensoras de los derechos humanos preparaban una demanda contra el Estado para resarcir a los familiares de Andrés Taype Choquepuma, Aurelio Huacarpuma y Néstor Cerezo Patana, las tres víctimas mortales de estos enfrentamientos en Islay.