Más allá de la Cordillera de los Andes, en el Sur de América, sin embargo, algo comienza a cambiar.

Un grupo de organizaciones ambientalistas, de mujeres campesinas y que procuran una agricultura familiar alternativa en Chile, interpusieron un recurso por el cual obtuvieron un fallo favorable en los últimos días que obliga a la multinacional Monsanto a revelar información sobre sus semilleros transgénicos y depósitos de acopio en ese país.

Muchos recursos de parte de las empresas y del propio estado chileno invertidos en argumentaciones frondosas para preservar la reserva, resultaron inútiles frente al sentido común y ahora es tiempo de que la información circule.

Dónde, cuánto y cómo

El Consejo para la Transparencia chileno resolvió por unanimidad el 25 de junio acoger el amparo interpuesto por las organizaciones hace un año contra el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), quien defendió el secreto de Monsanto sobre dónde y en qué circunstancias mantenía cultivos reproductores de semillas transgénicas en territorio chileno.

El país, recostado contra el Océano Pacífico al occidente y cercado por la cadena montañosa al oriente es un territorio ideal para la reproducción de semillas. En tanto crece el área destinada a ese agronegocio trasnacional, se encarece y escasea la tierra disponible para la producción de alimento para los chilenos. De hecho, de los 4 mil millones de dólares que Chile gasta en importaciones anualmente, el 90 por ciento está dedicado a la compra de alimentos.

Para la Alianza por una Mejor Calidad de Vida (RAP-Chile) este fallo se da en un momento de claras señales sobre decisiones del gobierno tendientes a extender las siembras transgénicas al ámbito del mercado interno, lo que afectaría la biodiversidad, la salud de los chilenos; los intereses de todos los productores agrícolas – convencionales y orgánicos- y los derechos de los consumidores.

Integran esa Alianza la Asociación Nacional de Mujeres Indígenas (ANAMURI), la Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL) y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).

El recurso de amparo por denegación de información se presentó el 4 junio de 2009. Al cabo de una larga y acuciosa investigación del Consejo para la Transparencia, su resolución fue notificada a RAP-Chile (con fecha 25 de junio de 2010), al SAG y a Monsanto, entre otras empresas que intervinieron como terceros opuestos a la entrega de información.

¡Los descargos empresariales sumaban aproximadamente 20.000 fojas!

En Chile, hoy en día, las trasnacionales controlan el 50 por ciento del Producto Bruto Interno y esa concentración es aún más marcada en la exportación agropecuaria, ha señalado en foros públicos la investigadora Camila Montesinos de la organización GRAIN.

De ahí puede extraerse la importancia de este fallo, que en su esencia indica: “se estima que la información requerida sobre la ubicación exacta y el responsable de los cultivos y el acopio de semillas genéticamente modificadas es pública”.

Explicaciones por venir

En la rueda de prensa en que las organizaciones divulgaron la resolución se explicó que los fundamentos del fallo rechazan la argumentación empresarial que consideraba esta información como privada. Monsanto sostenía además que divulgar esta información afectaba la seguridad, la salud, los derechos comerciales, económicos y de propiedad industrial de sus empresas.

En dicha conferencia de prensa, Montesinos dijo: “Monsanto debe explicar a qué se refiere cuando argumenta que dar a conocer la ubicación de los cultivos transgénicos tendría efectos en la salud. Nosotros sabemos que entre otros, los farmacultivos de Bayer y Monsanto son drogas que presentan un gran riesgo para la salud, generando posibles procesos de contaminación de la producción agrícola alimentaria con genes tóxicos”.

Imagen: medelhi.files.wordpress.com