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3 de mayo de 2011 | Noticias | Derechos humanos | Industrias extractivas
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El Ministerio Público Federal (MPF) del Estado brasileño de Pará publicó la resolución este lunes 2 de mayo en su sitio de Internet: la compañía Vale do Río Doce tiene 24 horas para depositar el dinero con el que se indemnizará a 788 familias de la comunidad de Jambuacu, afectadas por la contaminación que provocó un mineroducto y una línea de transmisión.
Los damnificados pertenecen a una comunidad quilombola, que son descendientes de esclavos negros que se emanciparon durante el período colonial.
La decisión judicial ya se había tomado en marzo, pero la empresa había pedido una prórroga porque, según se alegó, no contaba con la autorización necesaria de los accionistas para concretar el pago. Pero el MPF pareciera haber agotado su paciencia y ahora le puso plazos concretos para cumplir con la sentencia.
Además de la compensación para las familias afectadas, el fallo del MPF obliga a la Vale do Río Doce a implementar proyectos de generación de empleo en la zona, según el documento.
El mineroducto cuestionado atraviesa siete municipios de Pará, y se utilizaba para transportar minerales hasta una refinería cercana a Belén, la capital del estado, que también pertenece al gigante siderúrgico.
Según un estudio de la Universidad Federal de Pará, que aparece citado en la resolución de la justicia, el ducto que utilizaba la Vale provocó severos daños en las “condiciones de navegabilidad” del Jambuaçu, y alteró la calidad del agua de ese afluente.
El periodista Leonardo Sakamoto, coordinador de la organización Repórter Brasil, informó en su blog personal que las 251 familias más afectadas recibirán un pago mensual de tres salarios mínimos nacionales, mientras que las restantes 537, que recibieron menos impactos, cobrarán un salario mínimo cada mes.
Justamente, la semana pasada, se efectuó en Belén una actividad en la que participaron miembros de diez comunidades quilombolas y delegados del gobierno para discutir las principales necesidades de esta población, según informó el sitio de noticias Adital.
José Carlos Galiza, coordinador de la Asociación Quilombola de Pará, explicó a ese medio que el taller tuvo como objetivo “promover el intercambio de experiencias entre las comunidades quilombolas y pensar en un plan de manejo sostenible” para atender las necesidades de las comunidades que todavía no cuentan con el apoyo sólido de políticas públicas.
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