Nora Fernández integra el Grupo Nacional contra la Deuda Externa de Ecuador, una de las organizaciones convocantes a la movilización para lograr la recuperación de este servicio esencial por parte del Estado ecuatoriano.

En entrevista con Radio Mundo Real Nora recuerda que en 1997, en el marco de la corriente de ajustes estructurales neoliberales que se impulsaban en varios países y a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la infraestructura de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (ECAPAG) fue entregada a la International Water Services, conocida como INTERAGUA.

Con ello, la empresa concesionaria se obligaba, bajo su propio riesgo comercial, a la operación, mantenimiento y administración de los servicios y a la realización de todas las inversiones necesarias para la rehabilitación y expansión de los mismos.

Sin embargo, INTERAGUA cayó desde el principio en una serie de incumplimientos en inversiones y prestación de servicios. Ambas cosas, sumadas a una tarifa inaccesible de pago para una gran mayoría, han perjudicado al Estado ecuatoriano y vulnerado los derechos de muchos guayaquileños al agua, la salud y un medio ambiente sano.

Epidemias de hepatitis, carestía y escasez del agua potable y otros episodios en perjuicio de la población marcan la gestión de la empresa en Guayaquil, que no obstante no dejó de obtener importantes regalías.

Préstamo turbio

El préstamo de 40 millones de dólares por el cual INTERAGUA accedió al negocio estuvo plagado de irregularidades, según lo corroboró la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, instancia creada oficialmente para el análisis de las deudas contraídas por el Estado ecuatoriano.

La Comisión además ya recomendaba en 2008 la declaración de caducidad de dicho contrato. A esto se suma el hecho de que la Constitución Política ecuatoriana establece en su artículo 12 que “el agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”.

No obstante, la Ley de Recursos Hídricos cuyo texto final deberá ser puesto a consideración a lo sumo este 25 de abril, permitiría la permanencia de INTERAGUA por otros 20 años.

Según señala Nora Fernández desde Guayaquil este trato especial se debe a que algunos altos funcionarios de nivel ministerial del gobierno de Rafael Correa –en especial del Partido Social Cristiano- tienen vínculos directos con la empresa concesionaria.

“Esta empresa cobra sus servicios y no invierte”, insiste Nora, recordando que la misma ha sido multada por 5 millones de dólares al incumplir sus proyectos de saneamiento y alcantarillado en los barrios populares de Guayaquil.

Inicialmente INTERAGUA perteneció al grupo BECHTEL de Estados Unidos y a otro consorcio de capitales ecuatorianos. Pero en 2008, tras la aprobación de la nueva Constitución, la trasnacional transfirió sus acciones –un 74,6 por ciento del paquete- que hoy están en manos de la española VEOLIA.

Para presionar a la salida de INTERAGUA es que se realizará este miércoles 14 de abril el “plantón” frente a la Asamblea Nacional en Guayaquil a las 10 de la mañana hora de Ecuador.

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