En lo que va de 2010 esta empresa ha sido forzada por orden judicial a detener su actividad. ¿Por qué? Porque existen fuertes evidencias de la participación de Black Fire en el asesinato de Mariano Abarca, vecino de Chicomuselo y referente de la lucha que llevó incluso a cortar las vías por las cuales la empresa transportaba su mineral en gigantescos vehículos de 70 toneladas de barita cada uno.

El crimen tuvo lugar en noviembre de 2009 y la víctima fue premeditadamente elegida. Abarca había sido la voz del movimiento de resistencia, llegando incluso hasta el Congreso de la Unión mexicana para denunciar los atropellos de la minera en su comunidad y ejidos cercanos, casi sobre la frontera con Guatemala, país testigo de los devastadores efectos de la minería.

Antes del asesinato probaron todo: amenazas, sobornos, causas penales que llevaron a Mariano Abarca a pasar temporadas tras las rejas. Pero no doblegaron su lucha.

Los autores materiales del asesinato han sido ya procesados, son funcionarios de Black Fire. El hijo de Abarca, José Luis, Doctor en Leyes, quien junto a su madre y hermanos viven bajo custodia policial, afirmó a Radio Mundo Real que “solamente la empresa podría haber pagado este crimen por encargo”. La justicia mexicana indaga ahora sobre quién fue el autor intelectual del crimen.

Precisamente se espera para estos días la llegada a Chicomuselo de una delegación de organizaciones, sindicatos y periodistas canadienses, en una gira organizada por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

En la entrevista efectuada en su casa en Chicomuselo, José Luis relata el collar de perjuicios que significó la llegada de la minera a la región, violándose derechos ambientales y humanos.

“La situación empeora con el tránsito de transportes pesados con un material tóxico que ha envenenado escuelas, albergues y ganados”, señala José Luis Abarca.