De acuerdo a la información publicada por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y la organización no gubernamental Repórter Brasil, unas treinta familias de esta zona reclaman desde 2007 una fracción de tierra que actualmente ocupa Paulo de Freitas, señalado como el responsable del asesinato del dirigente sin tierra.

Las organizaciones involucradas aseguran que el ataque contra el trabajador rural se podría haber evitado. Dicen que en varias oportunidades se presentaron denuncias sobre la tenencia de armas del estanciero y de sus empleados, pero la policía nunca llegó a actuar.

Además de eso, en 2007 la CPT alertó a las autoridades sobre una serie de desalojos violentos en la zona del conflicto, pero tampoco obtuvo ninguna respuesta favorable para las familias sin tierra.

El Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) se desmarcó a través de una nota de cualquier responsabilidad, argumentando que no tenía conocimiento del peligro que atravesaban las familias que disputan estos terrenos.

El 54% de los conflictos por tierra, según el último informe de la CPT, ocurren en la zona nordeste del país, aunque en los últimos años se ha registrado un aumento sostenido de casos de violencia en la zona sur de Brasil.

En cualquier caso, los niveles de violencia en todo el campo brasileño terminan siendo escandalosos, y paradójicamente van de la mano de un creciente aumento de la criminalización de las organizaciones que luchan por la tierra.

“La prensa conservadora hace campaña permanente para descalificar a los movimientos sociales, además de criminalizarlos”, reconoció el ministro de la secretaría general de la Presidencia, Luiz Dulci, en una entrevista que divulgó el portal del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).

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