Se trata de un proyecto binacional que ha contado desde su inicio con la oposición de las organizaciones de la sociedad civil, debido a que implica una explotación de oro a cielo abierto, lo que pondría en peligro la conservación del agua potable de los glaciares y la permanencia del modelo ancestralmente agrícola de la zona.

Según indica la declaración de las organizaciones chilenas, “a poco más de un mes de iniciada la construcción de Pascua Lama, los servicios del Estado emitieron sus informes de la primera fiscalización realizada en terreno el 26 de Noviembre de 2009. Los resultados fueron tan concluyentes que los servicios regionales de Salud y DGA solicitaron procesos sancionatorios a Barrick Gold”.

Y continúa: “las irregularidades se refieren por un lado al manejo de las aguas: Se detectó ‘impacto ambiental no previsto’ sobre el glaciar Estrecho no informado por la transnacional; paso indebido de camiones por el lecho del río El Estrecho; construcción de una represa ilegal y; extracción de agua en puntos no autorizados. Por otro lado, se evidenció un descarado incumplimiento de la Resolución de Impacto Ambiental (RCA) en lo referido a las medidas de mitigación para no dañar los glaciares, en la construcción de infraestructura en la alta cordillera sin permiso del Servicio de Salud (sectorial), y, tal vez lo más grave, el bloqueo ilegal de caminos, incluso al equipo fiscalizador”.

En el comunicado, las organizaciones denuncian el papel cómplice con la trasnacional minera que adoptaron los gobiernos de Chile y Argentina, a la vez que indican que parte de la estrategia de Barrick Gold consiste en apoyar emprendimientos de carácter benéfico como la Teletón o Un techo para Chile para “blanquear la historia de sangre y depredación que escribe diariamente en el mundo”.

Por tanto, las organizaciones reclaman que cese la construcción de Pascua Lama mientras la autoridad ambiental no resuelva sobre el “impacto ambiental no previsto” en el Glaciar Estrecho, e insisten “en la urgencia de decretar una moratoria a la megaminería transfronteriza, tal como lo solicitáramos en mayo de 2009 al Ministro de Minería (solicitud que se mantiene sin respuesta ni acuso de recibo), hasta que no generemos una institucionalidad que dé garantías a la ciudadanía en estos temas, y una política de Estado que tome las riendas del sector más estratégico para la vida en Chile: la minería”.