Pero interpretar ese genocidio como un asunto exclusivamente del pasado y no considerar sus huellas sólo serviría para ocultar los crímenes actuales, continuadores de una larga historia de abusos.

Lamentablemente los comunicados de prensa de las organizaciones sociales son cada vez más frecuentes. A finales de la semana pasada el Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales de Malacatán (FRENA) denunció el asesinato del dirigente Octavio Roblero, integrante de esa organización y luchador contra la instalación de una hidroeléctrica en el suroccidental departamento de San Marcos.

Roblero fue asesinado el miércoles pasado por un desconocido mientras trabajaba en un puesto de feria, ante la mirada de decenas de personas que estaban en el lugar. Su cuñado, Víctor Gálvez, fue asesinado en noviembre de 2009, y desde ese momento Roblero venía denunciando la impunidad de ese crimen, a través de movilizaciones callejeras y con canciones que componía para un grupo musical que él integraba.

Ante este nuevo episodio de violencia, las organizaciones guatemaltecas reiteraron su condena a la “persecución, criminalización y la represión” que ejercen “grupos paralelos” defensores de los intereses de la oligarquía nacional.

“Desde el inicio de las luchas por la defensa de la vida, éstas se han visto teñidas de sangre frente a la actividad minera y megaproyectos”, agrega una de las notas que ha circulado por vía electrónica.

Hace quince días la Central Sindical de las Américas (CSA) presentó el informe “Guatemala, el costo de la libertad sindical”, que denuncia la violencia cotidiana que viven las organizaciones de trabajadotes y particularmente el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG).

La central internacional le envió una carta a las autoridades guatemaltecas para reclamar estos atentados contra las estructuras sindicales, y para pedir que se aclaren estos homicidios, en la mayoría de los casos antecedidos por sendas amenazas de muerte.

Por otra parte, aunque vinculado a los abusos de las industrias extractivas, días atrás el diario guatemalteco Prensa Libre publicó que las autoridades sanitarias de Guatemala dispusieron la realización de estudios para establecer si los problemas cutáneos que afectan a tres comunidades de San Marcos están relacionadas con la actividad minera. Una de las empresas cuestionadas es Montana Exploradora, propietaria de la mina Marlin que opera en esa región del país.