21 de junio de 2010 | Noticias | Anti-neoliberalismo | Derechos humanos
Historia sin fin
El régimen de terror hondureño sigue cobrando vidas
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Una operativa conjunta de policías, fuerzas de choque especiales y guardias de seguridad de una empresa llevada a cabo el domingo en la finca La Aurora, en el Valle del Aguán hondureño (departamento de Colón), terminó con el asesinato de un campesino de 17 años y el arresto de otros cinco. Los trabajadores rurales habían sido asentados allí por el Instituto Nacional Agrario.
El Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA) condenó la continuidad de la represión en la zona y recordó que La Aurora es una de las cinco fincas que el gobierno de Porfirio Lobo entregó a los campesinos por un acuerdo firmado en abril.
Integrantes del batallón Cobra, de la policía preventiva y guardias de seguridad de la empresa Orión ingresaron el domingo a La Aurora con el objetivo de desalojar a las familias allí asentadas, pero durante la operación asesinaron al joven Oscar Geovanny Ramírez. Los cinco campesinos capturados fueron acusados de asociación ilícita y portación ilegal de armas. Desde el MUCA se asegura que los señalamientos son falsos.
Según informa Prensa Latina, el convenio que firmó el gobierno de Honduras con los campesinos del MUCA estipula que se les entregarán 3.000 hectáreas sembradas de palma africana y 3.000 sin cultivar. La administracion de Lobo se comprometió además a darles otras 5.000 hectáreas en el plazo de un año, con la condición de que “no podrán ser nunca garantía de comercialización, ni vendidas en ninguna circunstancia”.
La sección Honduras de la organización internacional Food First Information and Action Network da fe, mediante un comunicado hecho público el domingo, de que las 24 organizaciones afiliadas al MUCA se retiraron de sus respectivas fincas para cumplir con el acuerdo. Se concentraron en las cinco que se les entregaron (La Lempira, La Confianza, La Aurora, La Concepción y Camarones) hasta que se les otorguen el total de las 11.000 hectáreas prometidas.
Los campesinos alertan entonces que se encuentran en un área que el gobierno les cedió como parte de un acuerdo y que las fuerzas de seguridad no deberían ingresar en sus predios, menos a los balazos.
“Cuando las 24 organizaciones afiliadas al MUCA suscribieron el convenio entendieron que terminarían las agresiones de la policía y de particulares armados, pero los hechos actuales desdicen tal creencia”, señalan los campesinos en un comunicado circulado este lunes.
Decenas de familias han sido desalojadas en los últimos meses por efectivos del Ejército y la policía a pesar de la existencia del convenio. Militares y policías han sido apoyados en sus acciones por las guardias privadas de los terratenientes René Morales y Miguel Facussé.
Este último es señalado por el MUCA como responsable del asesinato del domingo, junto a Lobo y su ministro de Seguridad, Óscar Álvarez. Facussé, productor palmero, ha rechazado y tratado de deslegitimar públicamente el acuerdo firmado entre los campesinos y el gobierno.
El joven asesinado ayer es la séptima víctima fatal que sufre el MUCA desde que reanudó su proceso de recuperación de tierras en diciembre de 2009.
