Viana considera que hay una “violación del orden público”. “Los contratos de inversión ceden soberanía”, afirmó a Radio Uruguay. “Estamos borrando artículos que nos definen como país, como república; creo que eso es cesión de soberanía”, agregó.

Montes del Plata es un consorcio de las forestales Arauco de Chile y Stora Enso de Suecia – Finlandia. En enero firmó el contrato de inversión con el gobierno uruguayo para la instalación de su fábrica de celulosa en Conchillas, ya en proceso de construcción. La inversión total estipulada es de 1900 millones de dólares, la mayor a manos de privados en la historia uruguaya. La nueva planta estaría operativa para el primer trimestre de 2013.

La madera que servirá de materia prima para la nueva industria llegará desde las plantaciones forestales de la propia Montes del Plata en nueve departamentos del país. El consorcio entre Stora Enso y Arauco es el mayor propietario de tierras de Uruguay, con más de 250 000 hectáreas.

El 12 de mayo el semanario uruguayo Búsqueda reveló un extracto del contrato de inversión firmado entre el gobierno nacional que preside José Mujica y Montes del Plata. El acuerdo, que tiene una cláusula de confidencialidad que Viana pidió varias veces que fuese levantada, brinda varias facilidades y beneficios a la empresa.

El documento difundido por Búsqueda establece, por ejemplo, la posibilidad de que se amplíe en el futuro la zona franca en la que operará Montes del Plata, que le brindará exoneraciones tributarias. En esta línea, el Ejecutivo uruguayo se comprometió a autorizar a la empresa a tener un porcentaje de empleados extranjeros mayor al estipulado por la Ley de Zonas Francas, que es del 25 por ciento de la plantilla como máximo.

El acuerdo también estipula que “si hubiera cambios significativos en el régimen tributario o en materia de permisos y autorizaciones que afectaran negativamente las condiciones económicas del proyecto de Montes del Plata, el gobierno y esa empresa revisarán los beneficios especiales que se otorguen en el marco de la ley de inversiones para compensar los eventuales perjuicios”.

Asimismo, el gobierno uruguayo asume en el documento la labor de reclasificar los suelos del país, y hacer los “mejores esfuerzos” para tener 100 000 hectáreas de aptitud forestal nuevas, y que se ubiquen cerca de la futura planta.

Para el fiscal Viana, los contratos de inversión comprometen al Poder Ejecutivo, por ejemplo cuando se asegura que el Instituto Nacional de Colonización declinará la opción de compra de áreas prometidas a Montes del Plata (punto también incluido en el acuerdo). Viana agrega que esos tratados también comprometen al Poder Legislativo, al establecer que eventuales nuevas normas no afectarían a la inversión (congelamiento del Derecho), y al Poder Judicial, al subordinar normas nacionales a las internacionales.

El fiscal manifestó a Radio Uruguay que los contratos de inversión también condicionan la voluntad del Estado en cuestiones ambientales. Si el Estado es parte de negociaciones que incluyen aspectos ambientales como insumo, disminuye su autoridad como parte fiscalizadora de normas en ese aspecto, consideró.

Foto: http://www.uruguayaldia.com