Esa militancia de Tabra Guerrero, según informa el sitio de la Confederación Nacional de Comunidades afectadas por la Minería (CONACAMI), le puede costar trece años de prisión, luego del petitorio de una fiscalía provincial, que lo acusa por supuestos delitos de arrebato de arma de fuego y lesiones contra un efectivo de la Policía Nacional.

“La medida es una clara muestra de la persecución judicial y policial contra los principales líderes comunales”, sentencia la CONACAMI en su declaración pública.

La acusación fiscal toma como válidas solamente las apreciaciones del capitán Héctor Vera Revollar, que acusó al ambientalista como responsable de un ataque a efectivos que estaban bajo su mando.

Tabra Guerrero, en declaraciones que difunde el servicio informativo de la organización anti-minería de Perú, asegura que no es la primera vez que intentan encarcelarlo por sus posiciones contrarias a las grandes industrias extractivas.

Además de una serie de denuncias efectuadas en su contra en 2006 y 2007, el activista peruano recordó que en 2008 unas 35 personas fueron acusadas por “terrorismo” después de una consulta vecinal para plebiscitar la conveniencia de un proyecto minero.

“Las comunidades y municipalidades de la frontera norte del Perú han expresado democráticamente su rechazo al proyecto minero Río Blanco (…). Pese a este rechazo, y la ilegalidad de la presencia de la empresa minera Río Blanco en los territorios de las comunidades campesinas de Yanta y de Segunda y Cajas, el gobierno peruano sigue respaldando el proyecto minero incondicionalmente”, denuncia la CONACAMI en una carta para expresar su solidaridad con Tabra Guerrero.

La CONACAMI efectuó recientemente un foro regional sobre Minería, Cambio Climático y Buen Vivir, y compartimos a continuación un informe sobre esa actividad divulgado por el informativo radial La Voz de los Movimientos.

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