Los participantes ratificaron allí una convicción que se ha consolidado en los últimos años: las concesiones, exploraciones y explotaciones mineras, petroleras e hidroeléctricas, así como la siembra de monocultivos son políticas gubernamentales que violan los derechos de los pueblos indígenas y expulsan a las comunidades.

Según la declaración de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej, es importante que las organizaciones sociales de Guatemala unifiquen propuestas y articulen esfuerzos para “frenar la voracidad del gobierno y de los empresarios en saquear la Madre Naturaleza y el Territorio”.

Las últimas administraciones de gobierno, según concluyeron, han optado por privilegiar las industrias extractivas transnacionales, que hoy controlan lugares boscosos y los grandes caudales de ríos que recorren territorios indígenas.

“Contaminan con la extracción de metales, petróleo, construcción de hidroeléctricas, y la expansión de la siembra de monocultivos que producen biocombustibles”, agregaron en el documento.

Uno de los oradores en el acto central, Daniel Pascual, coordinador general del Comité de Unidad Campesina (CUC), hizo una breve síntesis del proceso histórico que ha vivido este pueblo centroamericano: “Hace más de 518 años vinieron con la espada y con la cruz, luego en 1871 instalaron el modelo capitalista para el cultivo de caña, café y algodón, y hoy ese papel de dominación lo cumplen las empresas transnacionales”.

A pesar de esa condena permanente, Pascual envió un mensaje esperanzador: “siempre han querido someternos, no ha pasado ninguna generación que no haya vivido estos problemas. Pero hubo lucha y resistencia, y hemos sobrevivido”.