ATALC, con organizaciones en numerosos países de América Latina, está preocupada y en alerta por la ola de persecuciones y asesinatos de activistas sociales en la región.

“ATALC manifiesta su solidaridad con la familia de Marlon Lozano Yulán, al tiempo que repudia enérgicamente este nuevo atentado contra la vida de un luchador social, lo que lamentablemente se reitera demasiado y con total impunidad en nuestra Latinoamérica”, expresa una declaración circulada el viernes.

Asimismo, la red ambientalista extiende “su afectuoso abrazo y sentimiento de solidaridad a todos los compañeros de Tierra y Vida, y demás organizaciones ecuatorianas que sufren este tipo de atropellos regularmente”.

El 20 de julio dos sicarios encapuchados balearon a Marlon Lozano Yulán en el centro de Guayaquil. El joven murió más tarde. La secretaria ad hoc de Tierra y Vida, Raquel Silva, dijo a Radio Mundo Real que el mortal ataque iba dirigido al asesor legal de la organización, el abogado Milton Yulán, pariente de Marlon.

Tierra y Vida ha concentrado su trabajo en la defensa de los derechos de posesión de los campesinos de la provincia del Guayas sobre tierras que pertenecieron a terratenientes y banqueros hasta la crisis bancaria del año 2000, cuando les fueron confiscadas.

Tierra y Vida presume el involucramiento en el asesinato del joven dirigente de sectores opositores a la distribución de tierras y que defienden la concentración de propiedades en pocas empresas y grupos económicos.

“Frente a estos hechos, ATALC llama a los movimientos y organizaciones sociales y populares de la región a fortalecer los mecanismos de solidaridad”, dice la declaración ambientalista. “Demandamos además a las autoridades ecuatorianas que hagan las investigaciones necesarias para el esclarecimiento del asesinato de Marlon Lozano Yulán, y que se castigue debidamente a los responsables intelectuales y materiales”, agrega.

En esta misma línea, la red de organizaciones ambientalistas hace un llamado especial a las autoridades ecuatorianas y regionales responsables de hacer respetar las garantías individuales, y a aparatos judiciales y de derechos humanos, tanto independientes como estatales. Les pide que apliquen los mecanismos necesarios “para evitar estos tristísimos acontecimientos, que atentan contra el derecho a la resistencia pacífica de nuestros pueblos”.

El 24 de mayo, en Brasil, fueron asesinados a balazos el productor José Claudio Ribeiro da Silva y su esposa, María do Espírito Santo, conocidos en el Estado de Pará por su militancia en la lucha por la tierra y la defensa de la selva amazónica.

Tres días después, en el Estado de Rondônia, Adelino Ramos también fue ultimado cuando vendía verduras de sus cultivos en un barrio de Porto Velho, capital estatal. El activista había estado denunciando el accionar de las grandes madereras en la región limítrofe entre los Estados de Acre, Amazonia y Rondônia. Cientos de activistas ambientales brasileños están amenazados de muerte, según la Comisión Pastoral de la Tierra de ese país.

En Centroamérica las amenazas de muerte y la persecución a dirigentes sociales se han transformado en moneda corriente. El caso de Honduras, con un gobierno sucesor de una Dictadura, es el más preocupante.

El 14 de julio fue asesinado en ese país Nery Jeremías Orellana, periodista de 26 años que trabajaba en continuo contacto con movimientos sociales y era integrante del Frente Amplio de Resistencia Popular. Van 14 asesinatos de trabajadores de los medios de comunicación desde 2010 en Honduras.

Las persecuciones y asesinatos de activistas sociales en América Latina, sumadas a la criminalización de la protesta social, preocupan especialmente a los ambientalistas de Amigos de la Tierra de la región. “¡ATALC se mantiene en estado de alerta por la situación de violencia actual contra los movimientos sociales en Ecuador y la región!”, finaliza su declaración.

Foto: atiargentina.blogspot.com