8 de octubre de 2012 | Informes especiales | Acaparamiento de tierras | Derechos humanos | Luchadores sociales en riesgo
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Valle del Polochic, Santa Cruz Barillas, Totonicapán. Estas poblaciones guatemaltecas han visto vincular su nombre con la más cruenta represión y la consiguiente muerte de campesinos indígenas mayas identificando el actual gobierno con lo peor de la época de guerra interna contrainsurgente que arrojara un saldo de 300 mil víctimas.
En el país centroamericano, ya bajo el gobierno de Álvaro Cólom pero mucho más enfáticamente con la actual administración de Otto Pérez Molina, la protesta social se criminaliza a través de los medios de información o directamente se ahoga en sangre mediante las fuerzas represivas.
Todo ello ante una comunidad internacional que, oficialmente, permanece al margen pese a lo cruento de los hechos, el último de los cuales, este 4 de octubre, culminó con la muerte de ocho manifestantes precisamente en el departamento de Totonicapán, mientras se movilizaban pacíficamente contra la suba de la tarifa eléctrica y una reforma constitucional que militariza de hecho y de derecho al país.
Retorno a la fuerza
“Consideramos que realmente hay un retorno a las formas violentas de responder a las demandas sociales. Nuestro país vivió 36 años de conflicto armado, se aplicó un genocidio contra nuestros pueblos y hubo más de 300 mil muertos en menos de cinco años”, relata desde la angustia Domingo Hernández, dirigente de la Convergencia Maya Waqib’Kej, entrevistado por Radio Mundo Real.
El dirigente señala que el proyecto neoliberal que se impulsa en Guatemala, con numerosas concesiones territoriales a industrias extractivas y privatización de áreas estatales, conformando lo que Domingo señala como neocolonialismo, requiere la violencia para doblegar la resistencia comunitaria.
“En Guatemala las comunidades se organizan y resisten. Fue así en Totonicapán donde se corta la carretera con tres demandas muy claras: las reformas constitucionales, el alto precio de la energía y una reforma educativa que en los hechos es una privatización de la educación”, acota Domingo.
“En Guatemala necesitamos urgentemente comenzar un proceso de democratización. En este gobierno no lo encontramos. Porque el pensamiento militar es vertical, autoritario, machista, que no permite que la ciudadanía, los pueblos indígenas, las mujeres y la juventud expresen sus opiniones. Este estado, dirigido por militares, quiere ver a nuestro país como un cuartel”, señala más adelante en la entrevista el dirigente maya.
Desmentidos
A todo esto y como era de esperar, el presidente guatemalteco dijo que la responsabilidad por las muertes en Totonicapán es de las organizaciones sociales y aunque inicialmente negó que los uniformados hayan empleado sus armas, la difusión posterior de fotografías que lo desmentían hizo variar la versión oficial señalando que los militares dispararon “al aire” para dispersar a los manifestantes.
En el lugar también se encontraban miembros de una guardia de seguridad privada que podrían haber participado en la matanza. Además de los ocho fallecidos, los heridos suman unas 40 personas.
En tanto la agencia AFP informó que la oficina de Naciones Unidas en Guatemala envió una misión de observadores a la zona de la masacre. En ella estaba presente la líder indígena y Premio Nobel de la Paz en 1992, Rigoberta Menchú, quien dijo haber hallado, luego de un rastreo, varios casquillos de munición para fusiles M-16, utilizados por el Ejército.
La muerte de los indígenas generó consternación a nivel nacional en Guatemala tanto en los organismos de Derechos Humanos como en las redes religiosas. El Concejo Ecuménico Cristiano de Guatemala, al que pertenecen varias iglesias, entre ellas la Católica, Evangélica y Luterana, se unió a las muestras de repudio a la violencia del jueves pasado, y exigió al Gobierno el cese de la represión a las comunidades indígenas, recoge el portal milenio.com.
En tanto el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León, anunció que se convertirá en garante del proceso de investigación.
Aunque desde la neutralidad, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, lamentó la muerte de los seis campesinos y planteó la "urgente necesidad" de esclarecer el origen del suceso, "como paso imprescindible para pacificar los ánimos y abrir paso al diálogo".
Ni una más
Domingo Hernández fue claro en sus declaraciones a Radio Mundo Real: “no podemos permitir una masacre más”, señaló, adelantando que las organizaciones preparan acciones de protestas “ordenadas” para denunciar la represión sistemática, acudiendo incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Pedimos a la comunidad internacional a estar atentos a lo que está pasando en Guatemala. No permitamos un retorno al pasado, a nuevas masacres. Los pueblos de Guatemala queremos vivir en paz y rescatar a Guatemala de manos de la oligarquía y de los militares. Recuperar la democracia que se nos ha quitado desde ya hace cientos de años”, señaló Domingo.
Escuche la entrevista con Domingo Hernández en audio adjunto.
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