Este 1º de octubre las familias y sus representantes legales informaron a los medios de comunicación nacionales e internacionales que la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, a través de la Fiscalía de Delitos de Trascendencia Social, logró las primeras órdenes de apresamiento contra varios de los autores materiales del ataque a la caravana humanitaria del 27 de abril de 2010.

Aunque por razones que hacen a la reserva del caso no se informó el número ni la identidad de los identificados como responsables en las muertes así como de los varios heridos que resultaron en esa oportunidad, sí se explicó por parte de los abogados que siguen el caso que se solicitará un período adicional de investigación de otros seis meses.

Las familias se mostraron animadas de que se haya logrado transitar a este nuevo paso en la búsqueda de justicia, y confían en que al cabo de las investigaciones todos los involucrados en el hecho sean juzgados.

Las ordenes de aprehensión se libraron por el delito de “Homicidio calificado”, pues se logró demostrar de manera inicial que esas personas actuaron con premeditación, alevosía y ventaja aquel 27 de abril de 2010 al atacar una caravana humanitaria que se dirigía con víveres y demás provisiones de primera necesidad al municipio de San Juan Copala, cercado militarmente y con su población totalmente indefensa frente a la fuerte presencia de uniformados y de elementos paramilitares.

Beatriz A. Cariño, “Bety”, fallecida en esa oportunidad, era directora de la organización Cactus e integrante del Equipo Nacional de Coordinación de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Su frase “nos tienen miedo porque no tenemos miedo” se convirtió en una consigna de la defensa de los DDHH tras su fallecimiento junto al observador finlandés Juri Jaakkola.

Pocas semanas después de los hechos, una nueva caravana llegó hasta San Juan Copala, que se transformó en símbolo de la represión contra municipios indígenas en el estado oaxaqueño gobernado por Ulises Ruiz, a quien también se indicó por su responsabilidad en la represión planificada. Según los relatos de los hechos recogidos en su momento por Radio Mundo Real, la policía y el Ejército realizaron la “cobertura” mientras las fuerzas paramilitares actuaban, por lo que el saldo de muertos podría haber sido mucho mayor. De hecho, comunicadores y otros integrantes de la caravana permanecieron desaparecidos durante varios días en la zona, huyendo de una muerte segura.

La muerte del activista europeo, sin embargo, generó repercusiones en el viejo continente así como la presencia de euro-parlamentarios en diversas instancias para seguir el curso de las investigaciones.

En la rueda de prensa brindada este 1º de octubre, Omar Esparza esposo de Bety Cariño expresó que el fin de las investigaciones aún está lejano: “es sólo un paso más en este largo camino que hemos recorrido en estos dos años y medio, pero sin lugar a dudas es un nuevo aliento para seguir buscando la justicia”.

Por su parte Eve Jaakkola madre de Juri, en teleconferencia desde Tampere, Finlandia ratificó su confianza en los mecanismos de justicia mexicanos y opinó que este podría llegar a ser “el primer caso de defensores de derechos humanos asesinados que se resuelva con el castigo a los responsables”.

En su intervención, el abogado de las familias David Peña Rodríguez, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, señaló que “la comunidad internacional tiene que seguir pendiente del curso y del trámite que se le dé al caso ahora ante el poder judicial de Oaxaca, por lo que invito a los representantes de las embajadas de la Unión Europea a establecer una Comisión de observación que vigile la actuación judicial hasta obtener las sentencias condenatorias de los asesinos”.

En video adjunto puede observarse la conferencia de prensa brindada este lunes 1º para informar de las novedades sobre el caso, en una producción de cencos.org

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