Esta comisión, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), había pedido en abril que se interrumpieran las obras de construcción de la central hidroeléctrica amazónica Belo Monte, en el Estado de Pará, atendiendo a una medida cautelar solicitada por organizaciones que cuestionaban el emprendimiento debido a los reclamos de las comunidades indígenas afectadas.

La CIDH señaló que habían existido irregularidades en la forma en que se había conseguido la licencia ambiental para realizar la construcción de la hidroeléctrica, lo que fue rechazado por la cancillería brasileña, que aseguró que la obra cumplía con todos los requerimientos legales y ambientales y que había sido realizada en consulta con las comunidades originarias.

Según figura en una nota de la cancillería brasileña, el gobierno consideró a la decisión adoptada por la comisión como “precipitada e injustificable”, a la vez que la catalogó como una intromisión en asuntos internos de Brasil.

A raíz de ello, la presidenta Rousseff quitó de la OEA a su embajador, Ruy Casaes, quien permanece en Brasil sin fecha de regreso a la sede del organismo, ubicada en Washington.

Por su parte, representantes de grupos indígenas brasileños divulgaron una nota en la prensa en la que se lamentan por la actitud “arrogante” del gobierno brasileño frente al pedido de la CIDH de interrumpir las obras para realizar consultas libres y culturalmente adecuadas con las comunidades originarias afectadas, con el fin de llegar a un acuerdo.

Según expresaron en la nota, la actitud del gobierno revela el “tratamiento autoritario” que adoptó en el caso de Belo Monte, así como la “ignorancia” de la cancillería sobre el sistema interamericano de Derechos Humanos.

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