La “Ley de Caducidad de la pretensión Punitiva del Estado” fue ideada a la salida de la dictadura en Uruguay (1973-1984) para evitar el desfile de mandos militares, policiales y civiles por los juzgados a rendir cuentas por los delitos de lesa humanidad perpetrados en más de una década de régimen dictatorial.

La ley, cuestionada internacionalmente al supeditar las actuaciones del Poder Judicial a la voluntad política del gobierno de turno, establece que cada Presidente tiene la potestad de habilitar o no las investigaciones por crímenes cometidos en el régimen de facto.

Un primer intento por derogarla resultó fallido en 1989, cuando por escaso margen el resultado de la votación –en el marco de una campaña de miedo y chantaje de parte de los partidos políticos de la derecha y el stablishment aún vigente de la dictadura- fue negativo a su supresión del régimen jurídico vigente.

Sin embargo, la lucha de las organizaciones civiles, sindicales y de derechos humanos prosiguió en su empeño y en 2008 y hasta abril de 2009 fueron recolectadas más de 300 mil firmas lo cual permite sea sometida a plebiscito coincidiendo con las elecciones parlamentarias y presidenciales de octubre próximo.

Una encuesta reciente reveló que el 48 por ciento de la ciudadanía está a favor de anular la ley. Para el dirigente sindical Luis Puig, esas cifras marcan “una profundización de la democracia con la claridad de que ya en Uruguay no habrá lugar para el terrorismo de Estado, para la dictadura”.

Uruguayos exiliados en otras partes del mundo organizan actividades para juntar fondos y poder viajar al país a votar por el “Sí” a la anulación de la ley.

El actual gobierno uruguayo ha excluido de la órbita de la ley de impunidad varios casos de desapariciones y asesinatos de prisioneros políticos civiles durante la dictadura, lo cual ha permitido el juzgamiento y encarcelamiento de connotados pro-hombres de la dictadura como el ex dictador Gregorio “Goyo” Álvarez o el tristemente célebre torturador José “Nino” Gavazzo.

Este último también participó en operaciones represivas en la Argentina, como fue el caso del asesinato de los parlamentarios uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz el 20 de mayo de 1976 en Buenos Aires.

La campaña por el “Sí” a la anulación de la norma represiva se viene haciendo “a pulmón”, con escasos recursos materiales y con el aporte de organizaciones y personalidades de los ámbitos populares, del deporte, de la cultura y del espectáculo.

Tal es el caso de la serie de spots televisivos que han recogido las razones por las cuales más de cincuenta personalidades del canto y otras expresiones artísticas, votarán contra la impunidad.

Radio Mundo Real comparte en su sección de video algunos de dichos spots que han sido realizados por parte de la Coordinadora Contra la Impunidad con el aporte del PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, REDES - Amigos de la Tierra, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, entre otros.

Foto: http://elojodelarazon.blogspot.com