Ignacio Martínez, escritor y activista –que ha participado activamente del proceso de revocación de la ley- explicó que la anulación de la norma era fundamental para eliminar el precedente de que el Estado puede crear “ciudadanías de primero y de segundo grado”, ya que la ley exime de castigo a quienes perpetraron crímenes durante la dictadura.

“Yo me siento con una obligación moral de trabajar por ellos que fueron mis amigos, mis hermanos, mis hermanas, que murieron, que desaparecieron, que sufrieron, pero también y fundamentalmente, por mis hijos, y por mis nietos, y por mis bisnietos, y los que vengan”, explicó el escritor, y agregó: “me sentiría yo tremendamente apenado que dentro de 30 o 40 años alguien dijera que el pueblo uruguayo en esta primera década del siglo XXI fue incapaz de eliminar una ley que hace tanto daño para las próximas generaciones. ¿Y por qué hace tanto daño? Porque genera el antecedente de que el Estado puede finalmente generar leyes que creen ciudadanías de primero y de segundo grado”, sentenció Martínez, quien no dudó en calificar de “inmoral” a la norma vigente.

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