Los manifestantes le piden a la actual presidenta, Laura Chichilla, revocar este decreto y así evitar la explotación minera en una zona de gran fragilidad ambiental, tal como lo demuestran numerosos estudios por parte de ambientalistas y universidades del país.

Según Víctor Rojas, miembro de la CNUSM, la medida tomada se debe a los oídos sordos por parte de la mandataria, quien no se ha manifestado respecto del proyecto minero. Chinchilla está a la espera de la resolución del Juicio Contencioso Administrativo en contra del gobierno costarricense y la empresa minera, actualmente en proceso.

Continúa su silencio pese a las dos caminatas que recorrieron 170 kilómetros cada una, realizadas en los meses de julio y agosto del presente año. Allí, se pedía la anulación de este decreto que permite la minería a cielo abierto en un lugar en que estaba prohibido el cambio de uso de suelo, por la existencia de especies en peligro de extinción como lo son la lapa verde y el almendro amarillo.

Además traería peligro de contaminación de los mantos acuíferos pertenecientes a las comunidades aledañas, así como la posible contaminación del río San Juan con metales pesados y cianuro, lo cual podría tener repercusiones en el Lago de Nicaragua.

Según denuncia Sara Obando, pese a ser un acto pacífico, han recibido represión por parte de la Policía de Proximidad y la Policía Municipal al decomisar varias veces sus tiendas de acampar. La activista y vecina de Cutris de San Carlos asegura que se mantendrán en el lugar hasta tener respuesta de Casa Presidencial.