Durante cerca de dos años, se ha realizado una campaña de recolección de firmas para que se efectúe el referéndum que permita anular esa norma, conocida como Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, y que fue adoptada en el clima de temor que aún estaba patente en Uruguay durante los años posteriores a la recuperación democrática.

La campaña terminó el pasado 24 de abril, llegando al número de 340 043 firmas, que resulta bastante significativo si se considera que el país tiene alrededor de tres millones de habitantes. Con motivo de este hecho, conversamos con varios de los actores que estuvieron involucrados en el proceso de anulación de la ley, que nos contaron, desde su lugar, una parte de la historia; tanto la reciente, la que empezó a procesarse desde que se alcanzó el número de firmas, como esa otra historia, tantas veces silenciada durante los últimos años.

Una de las personas con las que hablamos fue Sara Méndez. Ella ha sido activista política durante toda su vida, y especialmente, se ha enfocado en el área de derechos humanos. Durante la dictadura, Sara debió ir a la Argentina, donde más tarde fue apresada –dado que las dictaduras del cono sur trabajaban en conjunto-, y mientras estaba en prisión, los militares le quitaron a su hijo, Simón Riquelo.

Sara Méndez nos decía:

"Esa represión no tuvo miramientos en lo que eran los niños, o sea que los niños de las personas secuestradas, o inclusive las mujeres que estaban embarazadas, eran secuestradas también. Los niños fueron apropiados por parte de estas fuerzas represivas, y las mujeres embarazadas tuvieron a sus hijos, se esperó al momento del parto, y luego se les hizo desaparecer a ellas y también se apropiaron de los niños nacidos en cautiverio. Mi hijo, que tenía 20 días cuando llegan a mi casa y me secuestran, va a quedar desaparecido, y recién cerca de 26 años después lo puedo ubicar. 26 años que fueron de una búsqueda muy intensa, y muy prolongada. Eso es un poco resumiendo mi historia personal, y hoy lo que nos motivó un poco era hablar de esta etapa en la que estamos. Sin duda la búsqueda de mi hijo en particular, pero también el haber sido parte de esa forma represiva de la desaparición forzada, el tener hoy decenas de compañeros, amigos, compañeros de militancia, que están hoy como desaparecidos, que la mayoría eran jóvenes de venti pocos años, me llevó a involucrarme directamente en el campo de los derechos humanos, y desde mi salida del penal de Punta Rieles hasta hoy, he militado en el campo de los derechos humanos".

Sara explicó por qué consideraba que era importante anular la ley que permite la impunidad.

"Se ha promovido una reforma constitucional para logar que esta ley que hoy sigue vigente en el Uruguay y que nos está limitando, más allá de haber podido avanzar en algunos casos porque habían sucedido en el extranjero, o porque eran civiles los que los habían ejecutado, pero el grueso de los casos permanecen aún comprendidos en la ley de caducidad. Inclusive el caso de mi hijo; nunca pude avanzar en saber quién lo secuestró, cómo fueron los hechos. Simplemente a través de una investigación particular se pudo llegar a ubicarlo, pero se mantiene el silencio y el secreto: lo digo como un ejemplo de hechos en los que sucedieron cosas quizás más graves, como cuando una persona está desaparecida. Esta reforma constitucional que se plantea hoy yo creo que es un gran desafío, por los años que han pasado y porque demuestra que aún hay una conciencia cívica en nuestro pueblo que se plantea que una ley aberrante como ésta, que permite la impunidad para personas que han cometido delitos de lesa humanidad, se pueda mantener en nuestro código. Y que permita, no solamente que no se castigue sino que no se conozcan los hechos, porque la verdad sigue también secuestrada. Pensamos que nos muestra también como país en una fase muy importante, que quizás sea importante que sea conocida afuera, para la esperanza que siempre cabe a los pueblos cuando pasan por experiencias tan duras como ésta".

Otra de las personas con las que hablamos fue el escritor y dramaturgo Ignacio Martínez. En el momento en que se produjo el golpe militar en Uruguay, Ignacio era un militante muy joven, pero a pesar de su juventud fue perseguido y debió sufrir el exilio, al igual que lo hicieron tantos otros militantes y artistas en esa época. Actualmente, Ignacio ha trabajado en la campaña de anulación de la ley, y según explica, lo hace para que quienes cometieron delitos sean juzgados por ello, pero teniendo en cuenta que la anulación también promueve que lo que sucedió no se repita en el futuro.

Ignacio Martínez nos comentaba lo siguiente:

"Yo me siento con una obligación moral de trabajar por ellos que fueron mis amigos, mis hermanos, mis hermanas, que murieron, que desaparecieron, que sufrieron, pero también y fundamentalmente, por mis hijos, y por mis nietos, y por mis bisnietos, y los que vengan, que me sentiría yo tremendamente apenado que dentro de 30 o 40 años alguien dijera que el pueblo uruguayo en esta primera década del siglo XXI fue incapaz de eliminar una ley que hace tanto daño para las próximas generaciones. ¿Y por qué hace tanto daño? Porque genera el antecedente de que el Estado puede finalmente generar leyes que creen ciudadanías de primero y de segundo grado".

Con esto último, Ignacio Martínez se refería a que, hasta hoy, la ley crea diferentes tipos de ciudadanos; unos que pueden ser juzgados por sus delitos, y otros que no. Y contra eso, también se plantea la anulación. Esa visión de futuro quizá explique un poco por qué miles de jóvenes, que no vivieron en el período de la dictadura, decidieron comprometerse con el proceso de anulación. Ellos fueron los que, en el día en que se consiguió alcanzar el número de firmas, organizaron una fiesta para celebrarlo en la explanada de la Universidad de la República; el mismo lugar en que, en los años previos al golpe -en los que la represión ya era moneda corriente-, fueron asesinados durante una manifestación los estudiantes Hugo de los Santos y Susana Pintos. Y aunque la mayoría de quienes estaban en la explanada de la Universidad en abril no vivieron en esa época, se sienten parte de esa historia, y eso los lleva a cambiar la realidad que ahora garantiza la impunidad.

Mariana Licandro, militante estudiantil de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, y miembro de la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, la organización que se creó para congregar a los principales movimientos del país con el objetivo de terminar con la ley, nos decía:

"Por un lado el proceso fue bastante difícil y cuesta arriba, porque nosotros empezamos con toda la movida de juntada de firmas y la iniciativa de reforma constitucional en el 2006. Ahí empezamos la Coordinadora, y en este último tiempo fue por una parte muchísimo trabajo, porque las firmas venían a último momento; en el último mes se ingresaron 80 000 firmas. Fue mucho trabajo, mucha organización, y por suerte, desde el lugar que nos tocó trabajar a nosotros, desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, se sumaron un montón de compañeros jóvenes, lo que por un lado te gratifica, en el sentido de que no somos poquitos los jóvenes a los que nos interesa derribar la impunidad. Y también el día de la entrega de firmas fue una emoción que nos abarcó a todos, porque nosotros terminamos el 24 de abril, el día que se entregaron las firmas, con un festejo en la explanada de la Universidad donde reunimos a más de 5000 jóvenes, y el estar ahí rodeados de 5000 jóvenes, con diferentes artistas que estuvieron de forma solidaria, en el mismo lugar físico donde le dispararon a Susana Pintos o a Hugo de los Santos, en ese momento fue muy emocionante. Y era emocionante pensar en nosotros como jóvenes de alrededor de 18 a 23 años que si bien tenemos una libertad limitada, tenemos el derecho a poder expresarnos públicamente y pensar que compañeros que estuvieron en la federación de estudiantes, en el movimiento estudiantil, en los 60, en los 70, nunca lo pudieron hacer".

La movilización de la que hablaba Mariana, en la que miles de jóvenes festejaron durante horas, tuvo su correlato en otra que se celebra cada 20 de mayo, en conmemoración de los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de Rosario Barredo y William Whitelaw, ocurridos en Argentina en 1976.

Esa movilización se desarrolló en 18 de Julio, la principal avenida de la capital uruguaya, Montevideo, y consistió en una marcha silenciosa, en la que, como cada año, podía verse a los familiares de los desparecidos llevando en carteles los rostros de sus seres queridos, asesinados por el régimen militar. La movilización, que se denomina “Marcha del Silencio”, terminó con la lectura de los nombres de quienes perdieron la vida por la actividad represiva de la dictadura, tras lo cual el silencio se quebró con un aplauso. Y entre los aplausos se escuchó la voz del recientemente fallecido escritor Mario Benedetti, a quien se sintió desde los parlantes pronunciando el poema que escribió para los desaparecidos, en el que decía que en algún lugar deben estar, “allá en el sur del alma”.

Para terminar Mariana nos habla de cuáles son los pasos a seguir desde ahora:

"Ahora en Uruguay empieza el período en el que se termina esta etapa, se abre otra que es el voto por el “Sí” en octubre, junto con las elecciones, y que más allá de esta iniciativa que intenta reformar la constitución, hay que seguir peleando. Más allá de las herramientas jurídicas e institucionales que nosotros podemos tener para intentar quebrar la impunidad hay que seguir trabajando desde otros ámbitos, desde las organizaciones sociales, movilizándose, denunciando las prácticas que fueron, y que hoy también se repiten".