Una vez más, el elemento condicionante de las presiones es la cooperación internacional, así como en un segundo plano en los discursos oficiales lo ocupan las empresas españolas ya instaladas o con intención de instalarse en el Sur.

Días atrás, Juan Pablo de Laiglesia, secretario de Estado para Iberoamérica en el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España, realizó una gira por varios países del MERCOSUR y señaló que este es un “momento oportuno para impulsar las políticas latinoamericanas de la Unión Europea”.

Según el funcionario, la crisis financiera debería ser el trampolín para el “salto” en las negociaciones del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el MERCOSUR.

Admitió que las negociaciones condicionadas a los resultados de la Ronda de Doha “han estado paralizadas por demasiado tiempo”. De esta manera Bruselas se prepara a relanzar su estrategia plasmada en el documento “Europa Global” inicialmente concentradas hacia Perú y Colombia ante el rechazo de países como Bolivia, Venezuela y dentro del MERCOSUR, Brasil.

Estas negociaciones, en las cuales Europa reproduce “maquillado” el formato Tratado de Libre Comercio (TLC) que ha impulsado Estados Unidos, generaron áridas disputas en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), así como en Centroamérica.

En Paraguay, Laiglesia habló de aumentar la cooperación con ese país, en tanto que en Uruguay, al ser entrevistado por una emisora local explicó que la experiencia obtenida en la negociación con la CAN servirá para la nueva etapa con el MERCOSUR. El bloque que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay objetó la inclusión de renglones vinculados a compras estatales y propiedad intelectual en los acuerdos de Asociación. Laiglesia dijo que “lo primero que tenemos que ver es si existe voluntad política de darle un impulso a esta negociación y revisar en ese contexto qué es lo que podemos añadir, si cambios de formato, o cambios de contenido, o aprovechar las experiencias que ha habido en la negociación de la Unión Europea con otras regiones, en particular con la Comunidad Andina”.

Los acuerdos de libre comercio que promueve la Unión Europea en sus negociaciones con los países latinoamericanos desde 2007 son promocionados como instrumentos para hacer posible el crecimiento económico, la lucha contra la pobreza, el cuidado del medio ambiente y las instituciones democráticas.

Sin embargo, a casi dos años de iniciadas las negociaciones, las evidencias están señalando cada vez con más nitidez que, por un lado, las principales beneficiarias de estos acuerdos de libre comercio serán las grandes empresas transnacionales de origen europeo que operan en los sectores de la energía, los servicios públicos, las grandes empresas de la agroindustria, químicas, farmacéuticas y de la biotecnología, así como las cada vez más poderosas empresas de la industria de la celulosa y el papel.

Y por otro las grandes poblaciones de campesinos, el medioambiente, la seguridad alimentaria y la biodiversidad aparecen como los grandes perdedores, exactamente lo opuesto a lo que propugnan los documentos oficiales de Bruselas.

Con la presidencia española del bloque europeo es esperable que se intensifiquen las negociaciones en ese sentido, acicateadas asimismo por la imperiosa necesidad de las corporaciones empresarias europeas de expandirse en el mercado y los recursos naturales latinoamericanos.

Una entrevista íntegra a Laiglesia puede consultarse en El Espectador