23 de abril de 2010 | Noticias | Industrias extractivas
A modo de extorsión
Minera canadiense demanda a El Salvador frente al CIADI
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La empresa canadiense Pacific Rim ha sido denunciada en El Salvador por el asesinato de tres ambientalistas opositores a proyectos de extracción minera a cielo abierto, crímenes que todavía permanecen impunes.
Lejos de asumir cualquier responsabilidad por esos episodios, la corporación instalada en el departamento de Cabañas decidió recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, para demandar al Estado salvadoreño por 100 millones de dólares.
Pide esa indemnización, según ha trascendido, porque las autoridades le negaron un permiso de explotación de la mina de oro El Dorado, que ha recibido duras críticas por parte de la población que se vería afectada.
Algunas mineras instaladas en El Salvador intentan utilizar los compromisos asumidos en el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA por sus siglas en inglés) para presionar al Estado salvadoreño, según difundió el diario Colatino, y conseguir así que les otorguen permisos de explotación en trámite.
Ese medio sostiene además que la embajada canadiense "cabildea a favor de Pacific Rim" en este diferendo, entre otras cosas porque el gobierno de Canadá impulsa un Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, que podría beneficiar a las compañías extractivas instaladas en esa región.
Todo el asunto fue analizado con preocupación por las organizaciones sociales que participaron en el foro internacional “Empresas Mineras en Mesoamérica: ¿Desarrollo Sostenible o Amenaza a la Soberanía?”, efectuado en San Salvador, la capital del país.
“Como no consiguen permisos quieren nuestros dineros. Eso es una extorsión”, se queja la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, en una producción radial de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES). En ese trabajo denuncian además las amenazas que reciben los periodistas que le dan seguimiento a los conflictos sociales generados por la minería, y plantean un escenario hipotético de tener un fallo favorable para El Salvador en el CIADI, lo que generaría un antecedente auspicioso para otros casos que se dirimen en ese ámbito, predilecto para las trasnacionales.
