Se trata del caso más ilustrativo, además, de cómo los operadores jurídicos realizan su trabajo en Paraguay en subordinación a los poderes políticos y terratenientes, en un país donde el 3% de los propietarios concentra un 86% de todas las tierras, y donde el poder político-estatal emana de esta concentración.

Esta mañana, colectivos y actores sociales paraguayos realizarán un acto de recordación a partir de las 8 horas, con una obra de teatro frente a la explanada del Palacio de Justicia; a las 11 horas se hará una visita colectiva a los campesinos presos en la cárcel de Tacumbú.

De acuerdo a investigaciones de plataformas de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, la actuación de jueces, fiscales y la policía en el caso estuvo marcada por la irregularidad, la ilegalidad, el no respeto de protocolos de actuación, el uso desproporcionado de la fuerza, la comisión de violaciones de derechos elementales, de tratos crueles y de violaciones de garantías elementales de detenidos y hasta la ejecución extrajudicial de siete de los campesinos.

Durante el proceso fiscal-judicial fiscales y jueces paraguayos decidieron no investigar la muerte de 11 campesinos, a pesar de los indicios de ejecución. Aun sin investigar la totalidad de los hechos, estos agentes judiciales se empeñaron en responsabilizar de la masacre de Curuguaty y de la muerte de seis policías a los campesinos sobrevivientes procesados.

En el plano internacional, la actuación judicial le valió al Estado paraguayo tirones de oreja de parte de Alemania y Estado Unidos dentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y también el cuestionamiento del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein.

La masacre fue capitalizada por la clase propietaria del país para ejecutar un golpe de Estado parlamentario contra el entonces presidente Fernando Lugo y también para re-articularse en torno a un proyecto político-económico conservador y neoliberal que hoy continúa con el gobierno de Horacio Cartes.

Radio Mundo Real dialogó con Lisa Meyer, trabajadora social que integra el Colectivo Nulidad Ya, de acompañamiento al caso Curuguaty, quien realizó un balance de los cinco años desde la masacre y su proyección al Paraguay actual en cuanto a los derechos campesinos, la lucha por la tierra y la reimplantación neoliberal.

Escucha a Lisa Meyer en audio adjunto.

* Colaboró con esta nota Diana Viveros, del colectivo de comunicación CONAMURI: https://www.conamuri.org.py