Así lo han planteado en respectivas reuniones autoridades del gobierno departamental, especialmente el responsable de la Agencia de Desarrollo Rural, Matías Carámbula quien ha manifestado que las situaciones de afectación en la salud de las poblaciones rurales, así como en los sistemas productivos familiares abonan un debate necesario para dicho departamento que se encarará hasta las últimas consecuencias políticas.

Mala praxis

El pasado jueves 9 de febrero, 80 personas participaron de una asamblea en el Club Canelón Chico distante a unos 15 kilómetros de “La Armonía” donde la concentración de casos generó un alerta que finalmente dio inicio a una catarata de denuncias sobre afectación de cultivos y cambios en la vida cotidiana de las familias rurales de Canelones que deben convivir con la agricultura extensiva, en buena medida de origen transgénico, pero con una fuerte carga de uso de agrotóxicos.

Fernando Fernández, presidente de la Sociedad de Fomento Rural de Canelón Chico, a la que pertenecen las familias afectadas que ven con incertidumbre su sustento dada la permanencia del herbicida en sus tierras, relató en ese contexto su experiencia con agricultores argentinos que cultivan girasol en un predio lindero al que él trabaja. “Cuando escucho un tractor, camino con una escopeta al hombro” relató tras señalar que a pesar de advertencias a los aplicadores, no logra que respeten distancias de retiro y riesgos de deriva hacia sus invernaderos y vivienda.

“Canelones no es apto para esas cantidades de glifosato, porque vivimos todos muy cerca”, dijo Fernández. En ese distrito se concentra un tercio de la población rural de todo Uruguay y en su jurisdicción corre el Río Santa Lucía, principal fuente de agua potable para un 60 por ciento de la población nacional.

Parches no

Carámbula dijo que si bien se han dictado medidas cautelares de regulación y exclusión sobre dos puntos (Laguna del Cisne y Paso Picón) desde 2015 al constatarse deterioro de cuenca hídrica en el primer caso y daño a la salud de la población en el segundo, el gobierno no llevará adelante “parches” para La Armonía y Canelón Chico. Aunque no descartó que esa herramienta pueda ser aplicada en principio, manifestó que la resolución de este caso implicará un debate en profundidad “sobre la posibilidad o no de coexistencia entre el agronegocio y la producción familiar de alimentos”.

En el segundo semestre de 2016, un grupo de vecinos del departamento lograron recabar doce mil voluntades para que se prohíba el cultivo de soja transgénica las cuales fueron entregadas a las autoridades. Aunque la contaminación del curso de agua en “La Armonía” se debió a siembra de maíz y no de soja, la interpretación de la voluntad expresada en esas firmas es clara, indicó Carámbula.

Todos y todas tenemos derechos

Por su parte el convocante a la asamblea vecinal, Raúl Porley, presidente del centro deportivo, manifestó que el agronegocio y su impronta empresarial tiende a irrespetar a la población rural diseminada en el territorio y señaló que son frecuentes los enfrentamientos entre productores familiares y funcionarios de empresas contratistas agrícolas quienes prestan servicios al agronegocio. “Los señores estos que mandan el mosquito (a fumigar) no se fijan si hay viento o hay gente, fumigan igual”, señaló Porley quien trabaja cultivos hortícolas y de forraje (alfalfa)”.

Porley agregó que tras las aplicaciones de agrotóxicos persiste un fuerte olor en las casas hasta por tres días, debido a la alta concentración requerida por los cultivos extensivos.

Por su parte, Nancy Pérez, vecina de la zona dedicada a la apicultura manifestó que desde hace varios años vienen registrándose pérdidas de colmenas y fumigaciones indiscriminadas en la zona.

A todo esto, una de las afectadas de la zona de La Armonía, Solange Chiollini declaró que la demora de casi un mes en el resultado de los análisis de agua, tejido vegetal y tierra para detectar el principio activo que terminó con sus cultivos, genera angustia e inquietud en las siete familias afectadas. “Es posible que estemos algo desesperados por conocer los resultados, aunque por simple observación puede verse que el agua está cada vez peor”.

Distintos intentos por retomar la producción en su vivero hortícola, principal fuente de sustento de Solange y su familia, ha sido infructuoso al mantenerse contaminada el agua de riego y el suelo de sus invernaderos, según ella misma relató.

Desespero

El gobierno departamental ha suministrado depósitos de agua potable, maquinaria agrícola y combustible con la intención de que las familias puedan retomar su ciclo productivo a cielo abierto antes de la instalación del otoño. Sin embargo este martes se cumple un mes desde que el problema fue detectado y los análisis que solo buscan confirmar fehacientemente lo que los productores ya saben por la observación de sus cultivos y depósitos de agua, se han demorado más de lo que las familias pueden tolerar.

Las reuniones se suceden y los caminos de denuncia legal para lograr un resarcimiento por los daños -para lo cual el resultado del análisis que establezca el nexo causal es central- parecen lejanos ante la necesidad imperiosa de las familias de La Armonía, que abrieron una brecha de debate que se espera pueda cambiar a Canelones tal y como se lo conocía, en protección de su población rural, que es también proteger la soberanía alimentaria de todo Uruguay.