En entrevista realizada este jueves, la dirigente manifestó su alegría y destacó que el Estado asumió su responsabilidad en la defensa de los derechos humanos.

Bertha Cáceres fue detenida el 24 de mayo por efectivos militares y acusada de “posesión ilegal de armas de fuego en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras”. Al día siguiente fue liberada. Al momento de ser capturada, Bertha se desplazaba para brindar su apoyo a las comunidades del pueblo indígena lenca de Río Blanco, en el departamento de Intibucá, acuciadas por el recrudecimiento de la represión policial y militar por su resistencia al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, sobre el río Gualcarque.

Asimismo, este jueves Bertha advirtió que estaba en la localidad de Monte Verde, capital del municipio de San Francisco de Opalaca, también situado en Intibucá, donde hay un proceso de resistencia indígena y las comunidades del pueblo lenca de la zona han sufrido hostigamientos. La situación es de mucha tensión. “Responsabilizamos al gobierno (nacional) encabezado por Juan Orlando Hernández de cualquier situación de represión, hostigamiento, violación de derechos humanos del pueblo lenca de San Francisco de Opalaca y cualquier represión contra el COPINH”.

Bertha relató a Radio Mundo Real que este jueves “se cumplen 20 días de la toma de la Alcaldía Municipal en ese municipio indígena, ya que la población indígena en gran parte rechaza el fraude electoral en esa localidad”. Las comunidades locales exigen una auditoría a la administración saliente, hacen denuncias de corrupción y alertan que esa administración las amenaza con acusarlas por sedición. Con la participación de grandes empresas y el apoyo del Ejército hondureño, las comunidades han sufrido también la quita de títulos de tierra comunitarios.

Los indígenas lenca de San Francisco de Opalaca defienden sus territorios, los derechos culturales e históricos, y han apoyado la lucha contra Agua Zarca, porque colindan con las tierras de Río Blanco y también defienden el río Gualcarque. Las comunidades locales resisten también varios proyectos de hidroeléctricas y de explotación minera. Están planificando un “Encuentro en defensa de la autonomía y por la democratización”.