"Ríos Montt tuvo conocimiento" de las 15 masacres y "sabía completamente lo que pasaba y no hizo nada para pararlo", agregó la magistrada en la sentencia del 10 de mayo, según el medio argentino de información popular Marcha. El militar tristemente reconocido como “general de la tierra arrasada” recibió una pena de 80 años de cárcel: 50 por genocidio y 30 por delitos contra los deberes a la humanidad.

En tanto, el ex jefe de Inteligencia Militar, José Rodríguez Sánchez, que también fue juzgado, fue absuelto de los mismos delitos. El Tribunal consideró que “no tuvo injerencia” en las operaciones militares contra los indígenas.

Ríos Montt y Rodríguez fueron acusados por el Ministerio Público de ser los responsables, por su jerarquía en la cadena de mando dentro del Ejército de Guatemala, de la muerte de 1771 indígenas mayas ixiles en 15 matanzas ejecutadas en comunidades del departamento de Quiché. Los asesinatos ocurrieron de marzo de 1982 a agosto de 1983, período en que Ríos Montt gobernó de facto Guatemala tras encabezar un golpe de Estado militar.

La Fiscalía había solicitado el 9 de mayo 75 años de cárcel contra los dos militares, y dos organizaciones que actuaron como querellantes adhesivos, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos y la Asociación para la Justicia y Reconciliación (compuesta por víctimas y sobrevivientes del conflicto), se sumaron a la solicitud tras presentar sus propias conclusiones, .

Organizaciones indígenas guatemaltecas, campesinas, de derechos humanos y sociales en general han celebrado la sentencia. Se hizo algo de justicia. No obstante, la amenaza constante de que los abogados de Ríos Montt apelarán la sentencia, el temor a que las presiones hagan caer esa decisión judicial, y el violentísimo accionar del ultraderechista gobierno actual de Otto Pérez Molina (que sigue persiguiendo y asesinando a las comunidades locales), han llevado a que los festejos sean medidos. El miedo se hace sentir, en un país que vivió una guerra interna de 1960 a 1996 entre la insurgencia y sucesivos gobiernos adheridos al terrorismo de Estado, en la que murieron más de 200 000 personas, más del 80 por ciento indígenas mayas.

De acuerdo a Marcha, la jueza Barrios detalló que las campañas militares de tierra arrasada durante ese periodo sistemática y repetidamente masacraron a la población maya ixil en el norte del departamento del Quiché por medio de patrones de violencia indiscriminada. “Los juzgadores hemos podido constatar mediante los testimonios muerte violenta de las personas, incendio de viviendas, muerte sistemática de niños y ancianos en forma indiscriminada”. La magistrada consideró que los militares violaron a cientos de mujeres ixiles, destruyeron sus casas, cosechas y animales y utilizaron el hambre como "arma de guerra", entre otros hechos, "con la intención de (hacer) desaparecer a la etnia ixil".

En tanto, el diario argentino Página 12 agrega que Barrios precisó que los hechos demostrados a lo largo del juicio se confirman con el hallazgo de cementerios clandestinos en las inmediaciones de los ríos Schel y Chajul, donde se encontraron restos de personas con tiros en la cabeza y tórax y que pertenecían a los poblados de Chajul, Nebaj y Cotzal, de la zona ixil. “Es evidente que los grupos militares que llegaron a cada una de las comunidades adoptaron el mismo patrón” genocida, concluyó la la jueza.

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