En diciembre del año pasado, el sindicato de trabajadores arroceros decidió presentar una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) por el caso de Julio de los Santos, un herrero de 43 años que trabajó cuatro años en Arrozal 33, un poblado agroindustrial ubicado al noeste del país sudamericano.

Este hombre se encargaba de construir cañerías usando tanques de agrotóxicos descartados y reparaba maquinaria utilizada para las fumigar en la zona, informó la prensa local. Un día sufrió un accodente: al limpiar un "mosquito" (como se nombra coloquialmente a las fumigadoras de tiro que funcionan sobre la tierra), el contenido químicó cayó sobre su piel y su ropa. Pronto comenzaron diversos problemas de salud como asma y dermatitis, llegando a depender de un respirador para vivir.

De los Santos decidió presentar una denuncia ante la Comisión de Legislación del Trabajo en el Parlamento. Como consecuencia, la empresa ya no le facilitó el traslado hasta el centro de salud más cercano y le quitó el acceso al tanque de oxígeno para dormir, denunció el sindicato.

Por eso decidieron que la INDDHH tomara cartas en el asunto, logrando que el caso tuviera visibilidad pública, y solicitara informes al Ministerio de Salud para constatar irregularidades en el manejo de sustancias tóxicas por parte de trabajadores arroceros y proponer acciones para corregir esta situación.

Como parte del seguimiento que la INDDHH está dando de las denuncias, el sindicato de trabajadores arroceros le solicitó a esa institución "un control permanente y estudios sanguíneos para detectar posibles rastros de agrotóxicos", informó el portal de la central de trabajadores PIT-CNT.

Radio Mundo Real se comunicó con el dirigente arrocero Marcelo Amaya, de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra), quien describió qué características tiene el trabajador arrocero y su realidad laboral:

El referente sindical también describió las condiciones en las que trabajan vinculadas a las denuncias realizadas a fines de 2017, que tiene antecedentes que se remontan a noviembre de 2012, cuando la UNATRA denunció ante el Ministerio de Trabajo que al trabajador Yonhy Rodríguez, taipero o aguador -como se llama a quien construye los muros de tierra que contienen al agua del cultivo, y se denomina taipa-, fue derivado a la Clínica de Dermatología del Hospital Universitario y se le constató sensibilización “a alérgenos de gomas y de pesticidas” y otras sustancias, y una dermatitis eccematosa en las piernas, considerando que realizaba actividades “en muchas ocasiones con las piernas sumergidas en el agua”, contaminada por agroquímicos.

Yonhy "quedó alérgico a todo, en función del nivel de los agroquímicos en su cuerpo -sostuvo Amaya-. Cuando llega la época de las aplicaciones, el compañero pasa en las emergencias. En función de sus denuncias fue despedido de la empresa".

Los trabajadores “reciben capacitaciones muy puntuales en un servicio que está muy tercerizado y además la patronal no quiere capacitarlos -con formaciones sustentadas por el Estado uruguayo- para evitar que estén informados de sus derechos”, sostuvo Marcelo Amaya.

El sindicato propone que se le quiten las subvenciones estatales a aquellas empresas que incumplen con las condiciones laborales dignas. A su vez, Amaya destacó la necesidad urgente de “obtener datos fidedignos” para evaluar la situación en Uruguay y regular el uso, la forma y las cantidades de agrotóxicos que se aplican.

En Uruguay no existen todavía datos específicos sobre el impacto de plaguicidas en humanos pero un estudio del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República realizado entre 2011 y 2013, denominado "Los trabajadores arroceros de la Cuenca de la Laguna Merín: análisis de su situación de salud", sostuvo que existe una percepción de prevalencia de los trabajadores del arroz en cuanto a accidentes y enfermedades referidas al sistema osteomuscular, al sistema respiratorio, la piel, zoonosis y sensoriales. El personal de salud local identificó diversas patologías o problemas de salud, también vinculados a lo dermatológico, auditivo, psicosocial y de zoonosis.

"Entre las patologías respiratorias, los trabajadores de la salud mencionaron alergias, asma y crisis de broncoespasmo. En el caso de las localidades principalmente agrícolas se las asoció a la utilización de agroquímicos, mientras que en las de producción industrial del arroz se las vinculó al polvillo que emiten los molinos", apunta el documento de la Universidad.

El glifosato es el plaguicida más utilizado actualmente en Uruguay, como resultado del impacto de la intensificación agrícola sobre la calidad del suelo en sistemas arroceros. Los plaguicidas representan uno de los agentes identificados como causantes de muertes por envenenamiento accidental y exposición involuntaria a sustancias nocivas, junto con medicamentos, gases y vapores. El Informe Nacional Voluntario del Uruguay, publicado por la Presidencia uruguaya en junio de 2017, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, sostiene que "preocupa que la importación de plaguicidas (fundamentalmente insecticidas y herbicidas) haya ido creciendo. En 2015 se importaron 15.000 toneladas, según información brindada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente. La intensificación de los cultivos de soja y la forestación se asocian a su elevada aplicación".