La aplicación de las normas de UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) en Chile y Colombia, fuertemente resistida por las comunidades campesinas, indígenas y grupos de agricultores; la “aprobación express” de nuevos eventos transgénicos de esa empresa en Paraguay tras el golpe de estado contra Fernando Lugo; el impulso de una nueva ley de semillas que el Ministro de Agricultura de Argentina anunciara como forma de facilitar el “retorno” de las inversiones de Monsanto a ese país y la firma de un acuerdo entre el principal instituto público de investigación agraria de Uruguay (INIA) y la trasnacional con sede en el estado de Misuri (EEUU), son claras muestras de ello.

“Detrás del golpe de Estado en Paraguay está muy claramente el agronegocio, algunos de cuyos sectores controlan directamente espacios de decisión bajo el régimen de Federico Franco, presidente ilegítimo. Para pocos días después del derrocamiento de Fernando Lugo, el 22 de junio, estaba previsto un ‘tractorazo’ de la Unión de Gremios de la Producción que recibe apoyos de Monsanto y Cargill… La misma no llegó a realizarse, de modo que no hay muchas dudas”.

La reflexión es de Carlos Vicente, integrante de Grain, organización que monitorea información sobre el comportamiento de estas trasnacionales a nivel regional, de América Latina y también global.

En Argentina, en tanto, el Ministro de Agricultura Norberto Yauhar anunció días atrás la presentación de un proyecto de ley de semillas que fomente la aplicación de normas muy estrictas de propiedad intelectual y el cobro de regalías a los agricultores.

Asimismo, Argentina aspira a posicionarse con fuerza en el mercado de exportación de semillas transgénicas de soja y otros cereales, negocio que necesariamente remite a las principales multinacionales que concentran esos desarrollos y sus patentes asociadas.

Monsanto anunció a inicios de los años 2000 su retirada de Argentina por carecer dicho país, señaló de “seguridad jurídica”. Sin embargo este mismo año la presidenta argentina anunció en visita oficial a EEUU el retorno de las inversiones de esa empresa a Argentina. La nueva ley de semillas sería uno de los elementos para restablecer la “seguridad jurídica” añorada por la multinacional, explica Vicente.
“Esta ley de semillas no es para la soja exclusivamente, sino para todas las semillas, por lo cual es un paso más en la privatización de la vida y en su apropiación por parte de las multinacionales”, agrega Carlos Vicente.

Sobre las regulaciones de UPOV, Vicente señala que sus normas establecen los derechos de “obtención” de una variedad vegetal que es el “monopolio” sobre determinadas variedades, desconociendo el proceso milenario de adaptación, conservación y mejoramiento de esas especies por parte de los agricultores campesinos e indígenas.

En 1978 se crea la norma UPOV 78 que aplica el derecho de obtención aunque se reconoce el derecho de uso propio: es decir el derecho de los agricultores de conservar parte de su cosecha para futuros cultivos. En 1991, sin embargo, la denominada normativa UPOV 91 -que se impulsa actualmente en América Latina-, avanza en el sentido privatizador limitando el derecho de uso propio y aún de investigación. “Así, una empresa puede monopolizar una semilla y si otro la quiere utilizar para realizar investigaciones, debe pagar a la empresa”, manifestó Vicente.

Asimismo, el activista e investigador subrayó la colonización por parte de las multinacionales de espacios públicos de investigación y desarrollo que se reitera mediante acuerdos, transferencia de fondos y otros compromisos tanto en Argentina como en Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

Escuche en audio adjunto la entrevista de Radio Mundo Real con Carlos Vicente de Grain.