El pasado martes 19 de junio se realizó una conferencia de prensa dentro del parlamento tico para denunciar la situación de impunidad que vive el pueblo hondureño luego de 3 años del golpe de Estado el 28 de junio de 2009.

Para esta organización costarricense, “callar ante los crimines equivale a ser cómplice”, según el dice el pronunciamiento leído por Allan Barboza detrás del cual se mostraban decenas de fotografías de los desaparecidos y asesinados en la nación hondureña.

El Comité de Familiares Desaparecidos de Honduras (COFADEH), visitó Costa Rica en busca de solidaridad, en las personas de Nohemy Pérez y Dina Meza, ambas defensoras de los Derechos Humanos y amenazadas de muerte reiteradamente y víctimas de constantes agresiones. El COFADEH contabiliza más de 60 campesinos asesinados en el Bajo Aguán, 24 periodistas, 101 miembros de la comunidad LGTBI y 130 miembros de la resistencia ultimados desde 2009.

El diputado costarricense José María Villalta afirmó que "le han hecho creer a la comunidad internacional que volvió a la normalidad institucional, luego del golpe de Estado, pero lo cierto es que la política de represión de violación a las Derechos Humanos y de limitación de las garantías ciudadanas propias del Golpe de Estado siguen vigentes".

Según el comunicado de Casa Abierta los desaparecidos tienen nombre y apellido, pero los asesinos también. Señalando que muchos de los crímenes han acontecido en el mandato de Porfirio Lobo Sosa en un clima de total impunidad. Hicieron un llamamiento al gobierno costarricense a pronunciarse al respecto señalando que quienes callan ante los crímenes equivalen a ser cómplices de los asesinos.

Además solicitaron a las autoridades migratorias costarricenses, hacer cumplir el articulo 107 del Reglamento de Personas Refugiadas el cual dice que “la decisión sobre la condición de personas refugiadas es un acto declarativo, humanitario y apolítico”. Esto en reacción a la tendencia actual de negar la mayoría de las peticiones de refugio para personas procedentes de Honduras.

Junto a esto, condenaron los asesinatos de 6 pescadores en el río Aguás, en el territorio Miskito al norte de Honduras por efectivos de la DEA. Dentro de las víctimas dos mujeres embarazadas, un menor de edad y un adulto mayor. Todos ultimados por una ráfaga de ametralladora desde un helicóptero estadounidense que presuntamente los confundió con narcotraficantes. Pese a la gravedad del asunto ningún militar ha sido apresado ni juzgado por este crimen.

Por último, se refirieron al proceso de militarización que vive la región centroamericana en general llevado acabo por Estados Unidos con la construcción de múltiples bases militares y la reapertura de la IV Flota. Casa Abierta señaló que: “...repudiamos el comportamiento de sus militares porque atentan contra los Derechos Humanos alrededor del mundo y nos pronunciamos en contra de la presencia de los mismos en aire, mar y tierra costarricense, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico".