Monsalve es abogada especializada en la temática agraria y los DDHH. Su organización, FIAN (FoodFirst Information and Action Network) ha participado activamente del fatigoso proceso de colocar en la agenda de la gobernanza internacional temas como la reforma agraria, la soberanía alimentaria y el control sobre los recursos internacionales desde un enfoque de Derechos Humanos.

FIAN cuenta con un carácter consultivo en el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria de FAO y junto a los movimientos sociales ha trabajado en las distintas consultas regionales y rondas de negociación de las DV.

“Esta historia empieza en 1996 durante la Cumbre Mundial de la Alimentación. En esa Cumbre confluyen diversas organizaciones que traían propuestas novedosas respecto a la alimentación y a cómo superar el hambre, contribuyendo desde distintos ángulos a esa propuesta alternativa”, dice Monsalve.

Desde ese momento hasta este octubre de 2011, donde un 70 por ciento de los contenidos de las DV han sido discutidos y consensuados -esperándose completar el proceso en los primeros meses de 2012- el tema de la tierra se amplió conceptual y socialmente, mediante “la confluencia de distintos sectores: afrodescendientes, pueblos indígenas, campesinos, pescadores artesanales, pastores nómades todos golpeados por una misma privatización de los recursos naturales”.

Dice Monsalve rememorando los hitos de ese proceso en entrevista con Radio Mundo Real: “eran los pueblos indígenas los que contaban con mayores herramientas jurídicas para protegerse y otros grupos comienzan a utilizar esas herramientas y a luchar por otras nuevas que los comprendan”.

DV: Los logros alcanzados

Acerca de las victorias que a juicio de las organizaciones sociales se obtuvieron en las largas sesiones de negociación con los estados presentes hacia las DV, Sofía enumeró “en primer lugar, que el documento tiene como objetivo explícito y central la protección de la tenencia de los recursos naturales por parte de los sectores más afectados por el hambre como son los campesinos, los pueblos indígenas, los pescadores, etcétera. Eso quedó claro: ese es el objetivo de estas DV”.

Asimismo, destacó que las DV incluyen “una cláusula explícita de protección a los defensores de los derechos de los campesinos y de todos aquellos que se encuentran amenazados en su derecho territorial. Precisamente uno de los principales obstáculos que se encuentran cuando hablamos de los derechos de estas comunidades es la criminalización”.

También se avanzó en el reconocimiento de los derechos consuetudinarios y colectivos de tenencia de tierra lo cual es “fundamental por ejemplo en regiones del mundo como Asia y África que esos bienes naturales están siendo saqueados, so pretexto de que no están siendo utilizados, que son improductivos por no ser propiedad privada”.

Otro tanto se avanzó al reconocerse la tenencia informal, que es especialmente en sensible en contextos como urbanos, periurbanos y también el rural y se logró la inclusión de un capítulo especialmente dedicado a la redistribución de los recursos, “lo que como decíamos anteriormente prácticamente había desaparecido de las agendas nacionales y por supuesto de la agenda internacional”, reflexionó Monsalve.

“Otro punto importante fue el del planeamiento territorial con una referencia a los manejos agroecológicos, es decir ser coherente en la planeación con el fin de garantizar la seguridad alimentaria. Es un tema muy importante porque sabemos que en muchos países la ley minera prevalece sobre todas las otras leyes, entonces esta cláusula podría ser de gran utilidad en defensa de las comunidades afectadas por la minería y otras industrias”.

A no olvidar

Acerca de los principales conceptos que estarán sobre el tapete en lo que reste de la negociación, la activista de DDHH manifestó especial preocupación por el capítulo referido a inversiones, así como la resistencia a establecer mecanismos fuertes de control y monitoreo de la aplicación de estas DV.

“Si no hay vigilancia, hay riesgo a que todo esto se quede en el papel. Los gobiernos latinoamericanos se oponen a cualquier tipo de supervisión y vigilancia internacional, no lo entendemos muy bien, porque en momentos en que esos mismos gobiernos firman acuerdos con el Banco Mundial o con el Banco Interamericano de Desarrollo –que implican por cierto fuertes monitoreos y controles- no se observa la misma resistencia”, matizó Monsalve.

Finalmente señaló que las DV deberían servir, de acuerdo a la voluntad política expresada por el Comité de Seguridad Alimentaria como una referencia no solamente para la FAO y los Estados nacionales sino también para organismos como el FIDA y el Banco Mundial, dada su incidencia en las políticas públicas multilaterales referidas a la alimentación y la agricultura.

Las DV son “un documento muy amplio y por ende hay que analizarlo a nivel local a la luz de los aspectos y las luchas más acuciantes. Por ejemplo en Honduras diríamos que lo más importante ahora es el Bajo Aguán. ¡Que se meta la FAO, la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y que dejen de matar a la gente! Esa es la fortaleza de las Directrices, como herramienta para los movimientos. Nos aprovechamos del momento político que permitió levantar el tema de las DV pero para retomar nuestra agenda, que por cierto es más amplia”.