Las organizaciones que efectuarán la denuncia son el CEPEDES (Centro de Estudos e Pesquisas e para o Desenvolvimento do Extremo Sul da Bahia), la Vía Campesina Brasil, las organizaciones de Amigos de la Tierra de Brasil y Uruguay, el CEA (Centro de Estudos Ambientais), el Instituto Biofilia, los sindicatos SEMAPI (Sindicato dos Empregados em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e de Fundações Estaduais do RS) y SINDBANCÁRIOS (Sindicato dos Bancários e Trabalhadores no Sistema Financeiro do Extremo Sul da Bahia), el CIMI (Conselho Indigenista Missionário), el Centro Agroecológico Do Extremo Sul Da Bahia (Terra Viva), y el WRM (Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales).

Estas organizaciones denuncian que en el Estado brasileño de Bahía, Stora Enso vulneró la legislación laboral, al mismo tiempo que participó de atropellos a la legislación ambiental y estuvo involucrada en sobornos a diversas autoridades locales.

En Río Grande do Sul, se acusa a la empresa de haber adquirido ilegalmente tierras fronterizas, así como de intentar influir en la legislación para adquirir terrenos en zonas actualmente vetadas para compañías extranjeras.

En Uruguay, se indica que la expansión de Stora Enso, a través del consorcio formado con la empresa chilena Arauco, ha provocado una gran concentración en la propiedad de la tierra, perjudicando a la soberanía alimentaria y generando una fuente de conflicto.

Según señalan las organizaciones denunciantes, estas actividades han tenido el apoyo de la Unión Europea, así como también de los gobiernos de Brasil, Suecia y Finlandia, que “priorizan los intereses empresariales sobre cuestiones de justicia social y medioambiental”.

En su denuncia, las organizaciones señalan que como resultado de las acciones de Stora Enso, “los grupos y comunidades campesinas e indígenas se ven obligados a aceptar un modelo de desarrollo económico basado en el monocultivo forestal, que no respeta sus derechos y estilo de vida, negando cualquier alternativa al sistema capitalista vigente”.

Es por todo ello, y en vista de que la empresa “vive de espaldas al sentir de los pueblos”, que se solicita al TPP que condene las prácticas de Stora Enso.

Foto: Ruben G. Herrera