Las prácticas de esta empresa transnacional están reñidas con los acuerdos mundiales difundidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ratificados por Chile, asegura el ICAL.

El Tribunal Permanente de los Pueblos, instancia de carácter no vinculante, trabajará en el marco de lo que será la Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas IV (14 – 18 de mayo), organizada en Madrid por la Red Biregional Europa – América Latina y el Caribe.

Esa red aglutina a representantes de la sociedad civil europea, latinoamericana y caribeña en un espacio de acción y reflexión que busca aportar a la construcción de un mundo basado en los conceptos de paz, democracia participativa, justicia social, derechos humanos, soberanía alimentaria, sostenibilidad ambiental y autodeterminación de los pueblos. Se destaca el rechazo de los movimientos y organizaciones sociales a las políticas comerciales que Europa busca imponer a América Latina y al rol en esa región de las grandes corporaciones europeas.

Según la información presentada por el ICAL, las prácticas de persecución de los dirigentes sindicales se han vuelto repertorio de acción utilizado por Telefónica Chile luego que los trabajadores se organizaran para hacer frente a las reestructuraciones diseñadas por la empresa para adaptarse al mercado nacional. La compañía transnacional fue sancionada por sus prácticas antisindicales por la Dirección del Trabajo en 2006, 2007 y 2008.

Por medio de diversas modificaciones en las dinámicas productivas, laborales y comerciales, Telefónica Chile ha impulsado una gran flexibilización en las condiciones de producción, y ha acrecentado sus ganancias a cambio de una elevada externalización de funciones.

No obstante, la empresa no ha operado sola. Ha tenido el fuerte apoyo de los gobiernos neoliberales chilenos. “Telefónica Chile ha sido respaldada por los gobiernos españoles en su asentamiento en el país, a través de los acuerdos políticos y comerciales con los gobiernos de la Concertación, con los cuales han compartido un posicionamiento neoliberal, que ha regido su práctica empresarial”, expresa la información facilitada por el ICAL en su acusación. “La relación entre el Estado español y la empresa permitió que sus inversiones en Chile se realizaran con plenas garantías económicas y jurídicas”, agrega el documento.

Chile ha favorecido la inversión de las transnacionales mediante una adecuación de su economía a la de libre mercado. Las políticas económicas implementadas en los últimos 30 años han transformado la inversión extranjera directa en fundamental, a lo que se suman las iniciativas que privilegian los acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea.

Foto: http://www.flickr.com/photos/silkrouter/