Según testigos presenciales -entre los que se encuentra una misión de activistas guatemaltecos por los derechos humanos, que preside la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú- Murillo, de 19 años de edad, fue asesinado por un francotirador el domingo, mientras se manifestaba pacíficamente a favor de la restitución del presidente Manuel Zelaya.

La misión de activistas dice que además otras dos personas fallecieron durante esa manifestación, que se produjo en el aeropuerto de la capital hondureña, Tegucigalpa, donde los golpistas impidieron que aterrizara el avión de Zelaya.

A pesar de estos hechos, y de la condena unánime de la comunidad internacional, el gobierno de facto ha dicho que es “innegociable” el regreso de Zelaya.

Este martes, una delegación del gobierno de Zelaya viajó a Estados Unidos para exigirle a sus autoridades que adopten una condena más contundente del golpe, ya que pese a que éste fue rechazado en Estados Unidos, ese país no retiró a su representación diplomática de Honduras, como sí lo hicieron varios países latinoamericanos y de la Unión Europea.

Fuentes cercanas a Zelaya indicaron que en la reunión, el presidente le pediría a la secretaria de Estado Hillary Clinton que le retirara las visas a los golpistas, y que interrumpiera el apoyo económico de Estados Unidos hacia Honduras.

También una delegación del gobierno de facto se hizo presente en Washington para intentar exponer sus puntos de vista ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y ante la secretaria Clinton, pero portavoces del Departamento de Estado indicaron a la prensa que el gobierno estadounidense no reconocía al régimen dictatorial, y que por lo tanto no mantendría reuniones con su delegación.

También el martes, la Interpol rechazó un pedido de captura efectuado por el régimen de facto, que le imputa a Zelaya haber cometido varios delitos, entre los que se encuentra el de “traición a la patria”.

Interpol fundamentó su decisión en que los cargos que "se le imputan al presidente Zelaya son de carácter político y no presentan ningún elemento de derecho común", y criticó al régimen que conduce Roberto Micheletti por no haber permitido aterrizar al avión de Zelaya.

Según explicó el organismo, de haberle permitido aterrizar, las autoridades dictatoriales podrían haber aplicado una orden de detención nacional; para la Interpol, el que no hayan actuado de esa manera refleja que el pedido de captura internacional se realiza con fines netamente políticos.