Gustavo Pernilla Cachín de la Fundación Guillermo Toriello fue el encargado de relatar a representantes de países y de la sociedad civil las características de esta masacre que cobró la vida de dos líderes de las comunidades para favorecer a una familia terrateniente.

Como informara en marzo de este año Radio Mundo Real, más de 800 familias indígenas y campesinas mayas que ocupaban un latifundio improductivo fueron desalojadas violentamente por militares, policías y mercenarios a pedido de la empresa propietaria.

El Valle del Polochic está ubicado en el departamento de Alta Verapaz al norte de Guatemala. El desalojo, aunque había sido anunciado, derivó en una maniobra de provocación a las familias campesinas a través de grupos de civiles que, protegidos por las fuerzas públicas, ingresaron al predio, destruyendo las poblaciones y la milpa y arremetiendo contra los líderes de la comunidad.

La diseminación de los agrocombustibles en base a caña de azúcar y otros ha aumentado la presión sobre las poblaciones campesinas e indígenas que ya sea como posesionarios o como usuarios ancestrales vienen produciendo alimentos en distintas partes del país.

“Esto ha cambiado todo el uso del suelo, de los ríos y de los bosques nativos” dijo Gustavo Pernilla Cachín. "Este despojo violento arroja a la inseguridad alimentaria a miles de personas de varias comunidades", insistió reclamando que el gobierno de Álvaro Colom acoja el pedido del sistema de DDHH de establecer medidas precautorias en protección de las personas afectadas.

Escuchamos el testimonio del representante Guatemalteco en uno de los eventos paralelos de la 37 sesión del CSA, en la sede de la FAO, en Roma.

Foto: Annelies Schorpion / Vía Campesina Europa