Denuncian además que el proceso de información y consulta para la implementación del mecanismo REDD+ realizado por el gobierno ha sido irrespetuoso y de mala fe, ya que no contempló los principios básicos de un consentimiento libre, previo e informado.

Las comunidades del territorio bribri argumentan que el mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques en los países en desarrollo (REDD) es una falsa solución al cambio climático porque funciona como mecanismo de compensación de las emisiones de carbono. O sea, permite que las empresas paguen permisos para poder seguir contaminando.

Además, subrayan que REDD+ es una grave amenaza para las comunidades que dependen de los bosques, porque limita el uso indígena de ese ecosistema para el cultivo itinerante, la recolección y los usos de subsistencia que tradicionalmente han realizado. Investigaciones de casos de implementación de REDD en varias partes del mundo han indicado que las comunidades indígenas ven limitado gravemente, sino prohibido, su acceso a los bosques, de los que dependen para su vida.

Por eso las comunidades de territorios bribris se valieron de su derecho a la decisión propia, reconocido en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas, para que su “Declaratoria de Territorio Bribri libre de REDD+” impida que el mecanismo se gestione en sus tierras.

Según información enviada a Radio Mundo Real por COECOCEIBA - Amigos de la Tierra Costa Rica, desde 2010 integrantes de las comunidades del territorio bribri del Caribe Sur han expresado en reuniones, talleres, comunicados, conferencias de prensa y asambleas que los proyectos REDD+ no benefician a los pueblos indígenas.

Asimismo, los bribris alertan que en los últimos ocho años las selvas de Talamanca se encuentran en la mira de REDD+. “Cuentan con el interés de negociadores de políticas internacionales para el cambio climático del gobierno de Costa Rica, cooperación internacional y organismos financieros internacionales”, señalan en un documento al que accedió Radio Mundo Real. Entre los actores locales “interesados” aparecen el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) y el propio Ministerio de Ambiente y Energía, con la presión internacional de grandes corporaciones transnacionales y el Banco Mundial, entre otros.

En contrapartida, las comunidades bribris destacan que la firma de un contrato de REDD+ representa una puerta que permitiría que se realicen otras negociaciones sobre el territorio bribri y sus recursos, con corporaciones e instituciones externas; que REDD+ contempla la restricción del uso comunitario del bosque en el territorio indígena; y que la negociación de un proyecto de ese tipo en la zona lleva más de ocho años aunque la mayoría de las comunidades desconocen el proceso.

Los indígenas señalan en ese sentido que la participación en las negociaciones con el gobierno se ha reducido a las ADI (Asociaciones de Desarrollo Integral) de cada territorio indígena en el país, más algunas pocas organizaciones como RIBCA (Red Indígena Bribri y Cabecar), que no representan las opiniones de todas las comunidades originarias.