Acerca de la investigación, la misión concluye que: hubo una “masiva contaminación del escenario del crimen”, así como identifica irregularidades en la “cadena de custodia de pruebas”. Una de las principales preocupaciones es sobre las líneas de investigación en curso, que tienen como hipótesis principales para el crimen “’motivaciones pasionales’ o posibles ’conflictos internos’ en la dirección del COPINH”, según denuncia el informe. De esta manera, la investigación oficial relega a un segundo plano, las hipótesis que apuntan a la responsabilidad de la empresa hidroeléctrica DESA, e incluso agentes del propio Estado, como lo indican las diferentes amenazas de ambos actores, denunciadas públicamente en varias ocasiones por el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras).

El informe denuncia también el hermetismo de la investigación: ni a las y los integrantes del COPINH, ni a las y los familiares de Berta Cáceres les está siendo permitido participar de la investigación. A esto la misión suma como un dato grave, la participación del FBI en las investigaciones, algo negado por la Embajada de EEUU, pero confirmado por la prensa local. Desde el Estado hondureño se señala la participación de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, sin embargo “la Misión ha podido constatar que la citada oficina, ni tiene los medios ni la función de realizar tales tareas”.

El informe concluye con 25 recomendaciones divididas entre recomendaciones generales al Estado hondureño; para el caso de Berta Cáceres; para el de Gustavo Castro; en relación a la Unión Europea, los Estados Unidos y otros países; sobre el Proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y otros similares; a bancos e instituciones financieras en general; sobre la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

El informe completo está disponible para descargar en el archivo adjunto.