27 de agosto de 2013 | Entrevistas | Asamblea Alianza Soberanía Alimentaria América Latina y el Caribe | Acaparamiento de tierras | Anti-neoliberalismo | Derechos humanos | Soberanía Alimentaria
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El Banco Mundial promueve en Colombia la titulación como forma de “blindar” el proceso de transferencia seis millones de hectáreas desde las familias campesinas hacia las empresas del agronegocio y la minería en ese país. En paralelo, una legislación busca formalizar el despojo de un área similar en la altillanura (Orinoquía) hoy en poder de la palma aceitera y la caña de azúcar, vaciando platos para llenar tanques de combustible.
Este proceso fue expresado por el diputado colombiano caleño Wilson Arias, en una participación enmarcada en la Asamblea de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de América Latina y el Caribe realizada a inicios de agosto en Bogotá.
Arias forma parte de la bancada del Polo Democrático, formación electoral colombiana de corte progresista. “El Banco Mundial ha dicho con todas las letras que su objetivo es dinamizar el mercado de tierras en Colombia, porque medio país está en problemas en ese sentido. Esa es la agenda que está cumpliendo el gobierno”, indicó el legislador en la intervención que ofrece Radio Mundo Real.
Sin embargo, esa dinamización tiene como objetivo que las tierras queden en manos de los “más eficientes” y en los rubros “más rentables” que en otras palabras son las empresas dedicadas a la producción de agrocombustibles y otros commodities.
Arias (foto) sostiene que a pesar de su impronta neoliberal, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez no alcanzó a impulsar esta agenda de liberalización del mercado de tierras y de despojo legal a las familias campesinas, pese a lo cual Juan Manuel Santos sí lo ha hecho “en nombre de la reparación de las víctimas”, es decir los desplazados y desplazadas.
A todo ello se suma un escándalo que involucra a un renombrado abogado colombiano que además, fuera embajador de ese país en los Estados Unidos, aliado económico, político y militar de Colombia y gobierno que mantiene la última palabra en lo que a política interna se trata en ese país.
Se trata del involucramiento de Carlos Urrutia, cuyo bufete de abogados representó a los terratenientes en esta disputa con los campesinos para apropiarse de las tierras consideradas “baldías” en la altillanura del país, asesoró asimismo a la multinacional Cargill en materia de compra de tierras, lo cual al ventilarse le costó el cargo diplomático al jurista.
Arias sostiene que este caso ha colocado el tema de concentración y extranjerización de la tierra en primer lugar de la agenda política del país, lo cual se refleja asimismo en el actual Paro Nacional Agrario que mantiene en vilo al país.
La legislación –que el propio Urrutia alentó en beneficio de la entrega de tierras a extranjeros- contempla concesiones de grande territorios por plazos de varias décadas y se debatirá en el correr del año en las cámaras legislativas colombianas, ante lo cual Arias solicitó a los integrantes de la Alianza seguimiento y solidaridad.
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