Radio Mundo Real

Un reciente informe del Centro de Información sobre Empresas y DDHH relevó entre 2013 y 2016 las respuestas de empresas sobre denuncias de abusos a defensores y defensoras de Derechos Humanos relevando un alarmante aumento en el número de casos en América Latina, especialmente en el caso de industrias extractivas, energéticas, de construcción de megaproyectos de infraestructuras y de la agroindustria.

Cuatro de cada diez denuncias de abusos tiene lugar en el sector minero energético, explicó a Radio Mundo Real Karen Hudlet, una de las autoras del estudio que considera casos de violencia y criminalización contra defensores y defensoras, líderes y lideresas comunitarias, sindicalistas y organizaciones, en un contexto de conflictos sociales en escalamiento.

La investigadora del Centro de Información sobre Empresas y DDHH también analizó el comportamiento de estas de acuerdo a si se trata de emprendimientos nacionales, trasnacionales o estatales.

Destacó entre las causas que originan estos escenarios, la competencia por la explotación de recursos naturales, la ausencia de espacios de participación e incidentes para las comunidades y pueblos afectados y la falta de acceso a la información ambiental.

Siguiendo los lineamientos de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU (2010), y los estándares fijados en la Declaración de los defensores de los derechos humanos (1998), ambos de Naciones Unidas, donde este último reconoce como defensor a toda persona que defiende derechos propios o de terceros, basado en los instrumentos de derechos humanos, y que no recurre a la violencia, el informe evidencia que el mayor número de casos de vulneración se produce en los sectores energético (41%), minero (27%), construcción (13%) y agrícola, alimentos y bebidas (12%), incluyendo muertes (36), desalojos (34) y golpizas o diferentes formas de violencia (27), siendo los países de mayor ocurrencia Colombia, México, Guatemala, Honduras y Brasil.

En la entrevista, Karen Hudlet destacó que “en general no existen códigos de conducta en la mayor parte de las empresas, y que la primera reacción de estas al ser requeridas frente a los hechos que se denuncian, es negar cualquier involucramiento, y en los casos en que esto es evidente, siempre negando participación en la transgresión, responden que condenan el hecho”. Por eso, afirma Hudlet, “garantizar la libertad de expresión es fundamental para la visibilidad de estos hechos”, apuntando a las amenazas de las que son víctimas también periodistas y comunicadores que dan cobertura a estos hechos.

Escucha la entrevista con Karen Hudlet, co autora del informe del Centro de Información sobre Empresas y DDHH, en audio adjunto.